La explicación sobre la denuncia penal y el proceso de judicialización contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, corresponde de manera exclusiva a la Fiscalía General de la República, al tratarse de una instancia autónoma responsable de la conducción de los asuntos penales, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La mandataria recordó que el caso relacionado con la pensión de Casar fue expuesto públicamente durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y generó cuestionamientos sobre el origen del beneficio, aunque subrayó que cualquier detalle sobre la denuncia, su presentación y los citatorios debe ser aclarado directamente por la fiscalía.

“Entonces, eso se lo dejaría a la fiscalía, más bien pues recuerdas cómo fue que se dio este caso, que vale la pena recordar, pero la parte penal sí se la dejaría a la fiscalía”, declaró durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum indicó que el Poder Ejecutivo no intervendría en la explicación de la parte penal, al considerar que esa atribución compete a la fiscal o a quien la propia institución determine, y añadió que el antecedente del caso puede revisarse en el ámbito público, mientras que el proceso judicial permanece bajo la responsabilidad de la autoridad ministerial.

La presidenta fue consultada sobre una eventual cooperación del gobierno federal si la Fiscalía General de la República solicitara información en investigaciones relacionadas con los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, particularmente por señalamientos de operaciones financieras irregulares y vínculos de funcionarios con el crimen organizado.

La mandataria respondió que el gobierno federal no mantiene interés propio en esos asuntos, pero aclaró que, por disposición legal, cualquier dependencia está obligada a entregar información si la fiscalía la solicita formalmente y si dicha información obra en sus archivos, en respeto a la autonomía del órgano investigador.

Sheinbaum recordó que en el país se llevó a cabo una consulta popular para determinar si se debía juzgar a los expresidentes, ejercicio que no alcanzó el umbral de participación necesario para ser vinculante, por lo que su administración se remite a ese resultado como marco político para abordar el tema.

“Si la fiscalía, que es autónoma, tuviera algún caso en donde solicitar información al gobierno, pues se tiene que dar, porque es obligación del gobierno darla frente a una petición. Pero nosotros nos quedamos con el referéndum de entonces y más bien lo importante es hacia adelante garantizar la honestidad siempre en el uso de los recursos públicos”, dijo.

Afirmó que la prioridad de su gobierno se concentra en garantizar hacia adelante la honestidad en el uso de los recursos públicos, al tiempo que reiteró que cualquier requerimiento de información por parte de la fiscalía será atendido conforme a la ley, sin intervención política ni directrices desde el Ejecutivo federal.