La presidenta Claudia Sheinbaum expresó reservas sobre las denuncias penales que algunas personas afectadas por el accidente del Tren Interoceánico presentaron ante la Fiscalía General de la República, al señalar que, aunque existe plena libertad para acudir a la vía judicial, suelen presentarse intereses económicos de terceros que buscan obtener beneficios a costa de las víctimas.
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Durante su mensaje, la mandataria subrayó que la fiscalía abrió de oficio una carpeta de investigación por el fallecimiento de personas y por las lesiones que mantienen hospitalizadas a once víctimas, proceso que se apoya en peritajes especializados y en la colaboración de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar causas y responsabilidades.
Sheinbaum sostuvo que el gobierno federal informó desde el inicio que habrá una reparación integral del daño, además de los apoyos derivados de dos seguros vinculados al tren, por lo que consideró innecesaria la intervención de bufetes privados que prometen mayores compensaciones y después cobran comisiones a las familias afectadas.
En ese contexto, la presidenta explicó que el acompañamiento institucional se canaliza a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia que mantiene comunicación directa con todas las familias y con las personas hospitalizadas, mediante enlaces personalizados asignados por el gobierno federal.
Al referirse a los montos de los seguros, indicó que la Consejería Jurídica dialoga con la aseguradora para definir las cantidades correspondientes, aunque enfatizó que, más allá de esos pagos, la reparación integral del daño se establecerá conforme a la ley y de manera adicional, una vez que concluyan las investigaciones ministeriales.
Explicó que existen dos seguros vinculados al tren, uno de ellos destinado a la atención directa de las personas afectadas, además del compromiso público del gobierno federal de garantizar una reparación integral del daño para todas las familias, independientemente de los resultados que arrojen tanto la investigación ministerial como las denuncias penales que terceros decidan interponer.
