La presidenta Claudia Sheinbaum informó que visitó hospitales del IMSS-Bienestar y del Instituto Mexicano del Seguro Social en Salina Cruz, donde constató la atención médica brindada a personas lesionadas por el accidente ferroviario ocurrido en el Istmo de Tehuantepec.

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Posteriormente, la mandataria acudió a una funeraria para acompañar a familiares de personas fallecidas, con el objetivo de verificar la atención institucional, ofrecer información directa y acelerar los trámites ministeriales ante la fiscalía, considerados especialmente sensibles por el contexto de la tragedia.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el gobierno federal otorgó un apoyo inmediato de 30 mil pesos a cada familia afectada, destinado a cubrir gastos urgentes de los primeros días y evitar que los familiares solventaran costos con recursos propios mientras avanzaban los procesos legales.

La presidenta aclaró que dicho apoyo no sustituye la reparación integral del daño, la cual depende en primera instancia de la aseguradora del tren y posteriormente de las determinaciones de la fiscalía en coordinación directa con las víctimas.

El acompañamiento institucional incluyó tanto a personas hospitalizadas como a familias de las víctimas mortales, bajo el compromiso de mantener respaldo permanente durante los procesos médicos, administrativos y legales derivados del accidente.

Como medida adicional, el gobierno federal asignó un servidor público por cada familia afectada, con la encomienda de brindar atención continua, facilitar la comunicación con autoridades y acompañar a las víctimas durante todo el proceso posterior al siniestro.

En materia de investigación, Sheinbaum informó que la fiscal participó en la reunión del gabinete de seguridad, donde se confirmó la apertura de las carpetas de investigación correspondientes y el inicio de los trabajos periciales para esclarecer las causas del accidente.

Los peritajes incluyeron la extracción y análisis de la información contenida en la caja negra del tren, además de estudios técnicos especializados, cuyos resultados serían dados a conocer por la fiscalía a la ciudadanía y de manera prioritaria a las familias afectadas.

De forma paralela, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario inició su propio dictamen técnico en coordinación con otras autoridades, como parte de un esquema de colaboración interinstitucional para determinar responsabilidades.

Autoridades federales y estatales mantuvieron coordinación permanente para atender a personas lesionadas y familiares de víctimas, con seguimiento médico, traslados especializados, apoyo psicológico y acompañamiento directo en hospitales de Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México.