El gobierno de México observa las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una retórica política que no necesariamente se traduce en decisiones inmediatas, por lo que la respuesta institucional se sostiene en el análisis puntual de los dichos, la comunicación diplomática constante y la defensa de principios claros en materia de soberanía y seguridad nacional.

LEE ADEMÁS: Mientras se resuelve lo de Palavecino, a Cruz Azul le ‘cuelgan’ a Sebastián Villa de opción

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las expresiones del mandatario estadounidense se atienden con seriedad, pero sin sobrerreacción, bajo la premisa de que la relación bilateral se construyó a partir de acuerdos formales, canales de comunicación abiertos y mecanismos de cooperación que permitieron procesar desacuerdos sin escalar tensiones innecesarias.

La estrategia mexicana prioriza el diálogo como herramienta central de la política exterior, dijo con la aclaración de que dialogar no implica coincidencia absoluta, sino la posibilidad de avanzar en coordinación aun en contextos de diferencias, particularmente en los temas de seguridad, migración y combate al narcotráfico.

En este esquema, refirió, la coordinación política y diplomática recae en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente, quien ha mantenido comunicación directa y constante con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, relación que el gobierno mexicano calificó como fluida y funcional.

De manera paralela, las áreas de seguridad mantienen vínculos operativos con sus contrapartes estadounidenses, a través de la relación institucional entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Comando Norte, lo que permite esquemas de colaboración y coordinación en temas estratégicos sin comprometer la autonomía nacional.

En este contexto, Sheinbaum consideró lejana la posibilidad de que algunas de las advertencias formuladas desde Washington se materialicen en acciones unilaterales, al subrayar que la cooperación vigente se sostiene en acuerdos y en una comunicación permanente que permite desactivar escenarios de confrontación.

Uno de los ejes centrales del posicionamiento mexicano se centra en la noción de responsabilidades compartidas, particularmente en lo relacionado con el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas, donde se reconoce la labor de México en atención a las causas y combate a la impunidad, pero también se ha exigido mayor corresponsabilidad del lado estadounidense.

La mandataria subrayó que la prohibición de la venta libre de armas en México contrasta con la facilidad de acceso en Estados Unidos, situación que facilita el ingreso ilegal de armamento de alto poder a territorio mexicano, incluidas municiones y calibres de uso exclusivo de fuerzas armadas.

En este punto, se valoraron como señales positivas las recientes incautaciones de armas efectuadas por autoridades estadounidenses, al tratarse de acciones poco comunes en periodos anteriores, aunque insistió en que dichos esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

La presidenta reiteró que, así como Estados Unidos exige mayores resultados en el combate al narcotráfico, México demanda acciones más contundentes en la persecución del tráfico de armas, el control de su distribución interna, el combate al lavado de dinero y la atención al consumo de drogas en ciudades estadounidenses.

Sostuvo que la seguridad binacional depende de un enfoque integral que incluya prevención, educación y fortalecimiento del tejido social, tanto en México como en Estados Unidos, bajo la premisa de que ninguna estrategia resulta eficaz si se traslada toda la responsabilidad a una sola de las partes.