Con el fin de evitar que empresas transnacionales recurran a litigios especulativos que comprometan recursos públicos y condicionen decisiones soberanas del Estado mexicano, México propondrá ajustes al mecanismo de arbitraje internacional en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el arbitraje inversionista-Estado, previsto en el Capítulo 14 del tratado comercial, continuará vigente, aunque advirtió que su operación ha mostrado distorsiones que obligan a revisar los alcances del instrumento y a incorporar salvaguardas que limiten abusos procesales.

Sheinbaum afirmó que el mecanismo surgió para ofrecer certeza jurídica a inversionistas extranjeros cuando consideraran vulnerados sus derechos, pero aseguró que en los últimos años se convirtió en un espacio de especulación financiera, donde despachos internacionales promovieron demandas con expectativas de ganancias millonarias.

La titular del Ejecutivo señaló que algunos litigios iniciados contra México derivaron en reclamaciones por montos de decenas de miles de millones de pesos, mientras otros procesos permanecen en curso, lo que ha generado presión presupuestaria y obliga al Estado a destinar recursos significativos para la defensa jurídica internacional.

Subrayó que el propósito de la revisión no consiste en suprimir el arbitraje internacional, ya que los tratados comerciales contemplan mecanismos de solución de controversias aprobados por el Senado de la República, sino en establecer límites que impidan el uso desproporcionado del sistema.

La mandataria reconoció que el debate sobre la reforma del arbitraje inversionista-Estado se ha extendido a nivel global desde hace al menos dos años, ante el crecimiento de fondos de financiamiento de litigios y estructuras legales especializadas que promueven demandas con fines de rentabilidad.

Sheinbaum enfatizó que la política comercial mexicana debe equilibrar la certeza jurídica para la inversión extranjera con la protección del interés público, la aplicación de la Constitución y la implementación de leyes ambientales y de derechos humanos sin presiones indebidas de paneles arbitrales.

La presidenta también recordó que los tratados internacionales no se modifican por decisión unilateral del Ejecutivo, pues requieren negociación con las partes firmantes y posterior aprobación legislativa, por lo que la propuesta mexicana se presentará en el marco formal de revisión del T-MEC.

Indicó que la Secretaría de Economía coordinará los trabajos técnicos para delinear los ajustes que México propondrá, con el objetivo de incorporar candados que reduzcan la especulación sin desmantelar el sistema de solución de controversias previsto en el acuerdo comercial.