Los cambios a la Ley de Aguas Nacionales apuntan a corregir un desorden acumulado durante años, cuando coexistían tres bases de datos contradictorias que permitían registros duplicados, volúmenes distintos y concesiones vencidas sin reposición, lo que abría espacios de discrecionalidad y debilitaba el control público del recurso, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Afirmó que la reforma busca impedir que el agua sea tratada como mercancía mediante esquemas de transmisión privada de derechos sin participación de la Comisión Nacional del Agua, estableciendo la intervención de la autoridad como paso obligatorio, expedito y transparente para reducir prácticas de corrupción en zonas de sobreexplotación.

Explicó que el diálogo con productores permitió precisar situaciones específicas, como la cesión de derechos entre familiares que administraban un mismo pozo o la utilización del recurso para agricultura y ganadería sin necesidad de permisos múltiples, evitando incertidumbre jurídica para ejidos y pequeños usuarios.

Indicó que las mesas con organizaciones campesinas, el Consejo Nacional Agropecuario, cámaras industriales y municipios atendieron inquietudes originadas por información imprecisa, integrando ajustes técnicos que clarificaron atribuciones, procedimientos y alcances de cada concesión según su uso productivo.

Subrayó que quienes se oponen concentran grandes volúmenes de agua bajo concesiones inactivas o irregulares, por lo que defendió el ordenamiento del padrón como medida indispensable para frenar el acaparamiento y garantizar que zonas urbanas con carencias tengan prioridad en el abastecimiento.

Recordó que al iniciar su gobierno detectó municipios sin acceso seguro mientras distritos de riego operaban con excedentes que luego vendían al propio municipio, calificando esto como distorsión que violaba el principio de equidad y mostraba cómo el vacío regulatorio permitía beneficios privados.

Señaló que el nuevo registro único consolida la información en una sola plataforma, eliminando duplicidades y contradicciones, lo que facilitaba prácticas opacas y disputas por volúmenes no coincidentes.

Expuso que el ordenamiento del padrón busca privilegiar el consumo humano en regiones con estrés hídrico y limitar la especulación con el agua en zonas agrícolas donde las concesiones se habían convertido en activos transferidos sin control institucional.

Sostuvo que la reforma se inscribe en la visión de garantizar el derecho al agua como bien público, proteger el recurso frente al agotamiento de acuíferos y cerrar espacios a quienes acumulaban concesiones sin explotación efectiva, evitando que su uso se condicione a intereses particulares.