La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó las expropiaciones realizadas en Campeche por la gobernadora Layda Sansores San Román, que alcanzan a propiedades vinculadas al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

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Señaló que, de acuerdo con la información presentada en la entidad, “son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción”, motivo por el cual se aplicó la medida.

Enfatizó que cualquier acción de este tipo debe estar respaldada por pruebas y por la resolución de un juez.

Sheinbaum Pardo reconoció que los procedimientos de extinción de dominio en México son actualmente muy largos y difíciles, incluso en casos de delincuencia organizada donde se acredita la ilegalidad.

Por ello, planteó que sería importante que también pudiera aplicarse en casos de corrupción comprobada.

“Si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de algún moche o alguna otra cosa, pues sí, y que se entregue a la SEP para hacer escuelas”, consideró.

Agregó que este asunto lo está trabajando la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, y que será abordado posteriormente como parte de una propuesta más amplia.

Explicó que la idea es que, cuando se compruebe que un predio o inmueble fue adquirido con recursos de origen ilícito, pueda transferirse al Estado para destinarlo a fines sociales como la construcción de escuelas.

La presidenta subrayó que se trata de un tema sensible, pues cualquier decisión debe estar respaldada en tribunales, pero sostuvo que es necesario avanzar en mecanismos que permitan sancionar de manera más efectiva los casos de corrupción asociados a la adquisición de propiedades.