Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, aseguró que el conflicto fiscal entre Grupo Elektra y el gobierno federal no tiene un trasfondo político, sino técnico y legal, y que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determine el desenlace.
La mandataria respondió así a Ricardo Salinas Pliego, quien acusó una “persecución sistemática” y anunció que llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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“No es persecución, es un tema técnico”: Sheinbaum

“Es muy serio lo que nosotros planteamos y tiene sustento técnico, en el tema del pago de los impuestos. Que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario o grupo empresarial.
Es un tema técnico que tiene que ver con auditorías fiscales que se hicieron y que dan un monto muy importante de impuestos, y que durante mucho tiempo se ha venido amparando este grupo empresarial, y pues está a punto de resolver la SCJN”, señaló Sheinbaum.

La presidenta explicó que el conflicto deriva de auditorías iniciadas en 2008 y reiteró que el gobierno actuará dentro del marco legal, acatando la resolución de la Suprema Corte.

“Elektra debe pagar lo que le corresponde”

Sheinbaum enfatizó que no se trata de un asunto personal ni de persecución política, sino de un procedimiento fiscal derivado de obligaciones tributarias que deben cumplirse en beneficio del erario.
Añadió que el cálculo de las autoridades hacendarias tiene sustento jurídico y que, más allá de interpretaciones o declaraciones, Grupo Elektra tiene que pagar lo que le corresponde.

Grupo Salinas denuncia “persecución sistemática”

El pronunciamiento de la presidenta se dio después de que Grupo Salinas difundiera un comunicado en el que anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “frente a la sistemática persecución en nuestra contra”.

En el documento, fechado el 27 de octubre de 2025, el consorcio aseguró que ha sido objeto de abusos por parte de las autoridades fiscales y que busca “hacer valer el derecho de todo ciudadano a ser tratado con imparcialidad, sin abusos ni presiones políticas”.

Antecedentes del conflicto

Grupo Salinas sostuvo que el caso está relacionado con los litigios que mantiene Grupo Elektra ante la SCJN, derivados de auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Argumentó que mantiene disposición al pago conforme a derecho, pero que las autoridades han negado la posibilidad de diálogo e incurrido en lo que consideran actos de hostigamiento.

El corporativo afirmó además que existió un acuerdo con la administración anterior, “bajo los principios de buena voluntad y solución conforme a derecho”, y criticó que la actual Procuraduría Fiscal haya cerrado el acceso a la justicia y actuado “con prejuicio desde la más alta tribuna del país”.