Hay coyunturas políticas que resucitan proyectos. Es el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que, en el contexto del crematorio clandestino hallado en Jalisco, ha ganado una segunda oportunidad.

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En noviembre de 2018, días antes del arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la CNB, adscrita a la Secretaría de Gobernación, informó la elaboración de un Programa Nacional de Búsqueda y Localización, cuyo objetivo era trazar estrategias regionales de búsqueda y contar con datos sobre los contextos en que sucedían las desapariciones. El documento se publicó cinco años después, en marzo de 2023, pero la propia CNB subrayó que su puesta en marcha tardaría poco menos de una década.

A mediados de 2019, ya bajo el mandato de AMLO, su gobierno admitió una crisis en materia forense y eso generó que Gobernación diseñara el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que comenzó a funcionar en agosto de 2021, pero fue abandonado y en febrero de 2024 dejó de recibir presupuesto público.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum delineó la estrategia de su gobierno para atender el tema de las desapariciones en México: “¿Qué hará el gobierno, cómo se atenderá a los familiares, qué medidas legales o nuevas reformas jurídicas debe emprender el gobierno para atender este delicado problema que nos duele a todas y a todos? El tema de las desapariciones es lo primero. Es un problema que hay que atender de una manera integral y a los familiares”, explicó.

Durante su conferencia mañanera, dijo: “Para el gobierno de México, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Por eso seguiremos en la tarea de buscar, localizar, identificar y atender a las familias de las personas desaparecidas”.

En el marco del humanismo mexicano, sostuvo, “la atención a las víctimas de desaparición y otros delitos, así como su acceso a la justicia y al bienestar, requiere de nuestra máxima atención. Para lograrlo, trabajamos en coordinación con los tres órdenes de gobierno, lo cual es fundamental para evitar la impunidad. Actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos. Escuchamos la necesidad de los familiares de personas desaparecidas. Nuestro deber es apoyarlos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y observar para que las fiscalías y el poder Judicial hagan, cada uno, su tarea para encontrar a sus familiares y se sancione a los responsables. Cada autoridad, estatal, federal, fiscalías, poder Judicial, debe asumir su responsabilidad”.

Y subrayó: “Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado, ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. Y por ello actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado.

Seis acciones inmediatas

La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad es un eje de su gobierno, aseguró: “Por ello he tomado la decisión de llevar a cabo las siguientes acciones inmediatas. Uno: el día de hoy (lunes) firmaré un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencia científica. Dos: el próximo jueves enviaré varias iniciativas de reforma al Congreso de la Unión, entre ellas, una reforma a la Ley General de Población para consolidar Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas, que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen el país, para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas”.

En esta labor, detalló, participará la Secretaría de Gobernación, por medio del Registro Nacional de Población y la Agencia de Transformación Digital. Una tercera iniciativa será una reforma a la actual Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del sistema Nacional de Búsqueda de Personas, “para crear la base única de información forense, que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y las FGR, así como de los servicios forenses estatal y federal”.

En ese sentido, se creará la Plataforma Nacional de Identificación Humana, “que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, y cuando así se le llame, el Registro Electoral del Instituto Nacional Electoral, para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida a, incluso, fallecidos. Fortalecerá, garantizó Sheinbaum, “el Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación que contará con todas las técnicas, incluidas la identificación de ADN con el apoyo de instituciones científicas y en colaboración con la FGR, las fiscalías estatales, la Comisión Nacional y estatales de Búsqueda, así como la Agencia de Transformación Digital”.

La tercera acción será “incorporar en la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata, de todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir, de inmediato, carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización, sin necesidad de esperar 72 horas como todavía ocurre en algunos estados de la República. La cuarta acción consistirá en equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías de México. La quinta iniciativa implica “establecer que todas las fiscalías realicen la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones. Una sexta acción es fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida”.