La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Secretaría de Marina, operadora del Corredor Interoceánico, coordinarse con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para contratar una certificación externa internacional que avale las condiciones de la vía antes de reanudar plenamente el transporte de pasajeros.

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Esa certificación, explicó, tendría como finalidad garantizar que la infraestructura y las locomotoras operaran en condiciones óptimas y que, en caso de recibir recomendaciones específicas sobre curvas, trazos o medidas adicionales de seguridad, estas se incorporaran de manera obligatoria al sistema ferroviario.

Informó que la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico avanza bajo dos carriles institucionales claramente definidos, uno penal y otro técnico-regulatorio, con el objetivo de establecer las causas del incidente y, en su caso, deslindar responsabilidades sin interferencias políticas ni decisiones discrecionales desde el Poder Ejecutivo.

Por un lado, la Fiscalía General de la República asumió la conducción de los peritajes para determinar el origen del accidente, con la obligación de integrar dictámenes especializados que incluyeran expertos en vías férreas, operación ferroviaria, locomotoras y demás disciplinas técnicas necesarias, ya sea con personal propio o mediante la contratación de peritos externos.

La mandataria precisó que la fiscalía debía partir de un dictamen técnico integral para definir si existieron fallas operativas, estructurales o de mantenimiento y, a partir de ello, establecer si procedía llamar a exfuncionarios, responsables de supervisión o cualquier otra persona cuya actuación resultara relevante dentro de la cadena de decisiones.

De manera paralela, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario inició su propia revisión conforme a protocolos internacionales aplicables a incidentes ferroviarios, con la encomienda de analizar condiciones de la vía, operación y seguridad, además de coordinarse con la fiscalía para compartir hallazgos técnicos sin invadir competencias.

Sobre las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en 2019 respecto a deficiencias detectadas durante la construcción de la Línea Z, la presidenta señaló que esos antecedentes podrían considerarse únicamente si el dictamen técnico arrojaba elementos que apuntaran a irregularidades vinculadas con el origen del accidente.

Aclaró que la revisión de informes previos y auditorías no correspondía a una instrucción presidencial, sino al curso natural de la investigación penal, en la medida en que los peritajes establecieran una relación directa entre fallas históricas y el siniestro reciente.

En cuanto a la posibilidad de convocar a comisiones internacionales, la jefa del Ejecutivo indicó que esa atribución correspondía exclusivamente a la fiscalía, la cual podía recurrir a expertos nacionales o extranjeros si lo consideraba necesario para fortalecer el análisis técnico del caso.

Finalmente, la presidenta señaló que no se estableció un plazo preciso para la conclusión de los peritajes, aunque manifestó la expectativa de que los resultados se conocieran en el corto plazo, mientras las demás líneas del Tren Interoceánico continúan en operación bajo revisiones técnicas más exhaustivas.