Han pasado solo seis meses desde que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de México, y su gobierno ya ha dado la primera gran señal de hacia dónde apunta su proyecto de poder. La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, recién presentada ante el Congreso, tiene el tufo inconfundible de una ley mordaza: un mecanismo legal que, de aprobarse, abriría las puertas al control gubernamental de los contenidos informativos, a la censura previa y al silenciamiento de voces críticas.
En el discurso, el proyecto se presenta como una modernización normativa, un esfuerzo -dicen- por garantizar la “veracidad” de la información y combatir la desinformación.
Pero en los hechos, la iniciativa encierra disposiciones sumamente peligrosas para la libertad de expresión. Bajo conceptos deliberadamente ambiguos como “seguridad nacional”, “orden público” o “desinformación nociva”, el gobierno se arroga la facultad de ordenar la suspensión de transmisiones, la remoción de contenidos digitales y el bloqueo de señales.
Más alarmante aún es la propuesta de fortalecer a un regulador dominado por el Poder Ejecutivo, eliminando al órgano autónomo encargado de vigilar el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones.
En lugar de órganos independientes y contrapesos institucionales, la ley concentra el poder de decisión en manos del gobierno, habilitándolo para determinar qué se puede decir, qué se puede transmitir y qué debe callarse.
Aunque Claudia Sheinbaum ha pedido no aprobar la iniciativa fast track y organizar un parlamento abierto que tiene el defecto de no ser vinculante, no es difícil ver la intención de fondo: someter a los medios de comunicación, controlar el debate público y blindar al gobierno ante la crítica.
Es, ni más ni menos, un regreso a los tiempos oscuros del presidencialismo autoritario, cuando las licencias de radio y televisión se otorgaban o se retiraban a capricho del poder, y la censura era la norma disfrazada de “regulación”.
Lo más grave es la extensión del control al ámbito digital. La iniciativa plantea que las plataformas tecnológicas deberán retirar cualquier contenido que las autoridades consideren contrario al “interés público”, sin necesidad de orden judicial y sin criterios claros sobre qué constituye ese supuesto interés.
Una amenaza directa contra el derecho ciudadano a informarse y expresarse libremente en el entorno digital, el único espacio que, en muchas regiones del país, sigue siendo refugio de la prensa independiente y la denuncia social.
Sheinbaum ha dicho que su gobierno respetará las libertades. Pero este primer movimiento legislativo dice lo contrario. Si verdaderamente creyera en el pluralismo y la democracia, no estaría promoviendo una iniciativa que criminaliza la crítica y amplía la capacidad de censura del Estado.
El Congreso tiene hoy la responsabilidad histórica de frenar este despropósito. Las organizaciones civiles, los periodistas, las universidades, los defensores de derechos humanos y la sociedad en su conjunto, además de la raquítica oposición, deben alzar la voz y exigir la defensa de las libertades conquistadas a lo largo de décadas de lucha.
La democracia no se agota en las elecciones. Se sostiene día a día en el respeto a las libertades fundamentales, especialmente la libertad de expresión y el derecho a la información. Ceder terreno en ese frente es retroceder a las épocas más oscuras de nuestra historia política.
Si esta ley avanza, México será menos democrático y más autoritario. Y lo será, paradójicamente, bajo el gobierno de quien prometió cambio y esperanza.
@GOrtegaRuiz
