Rubén Rocha Moya ya tiene protección federal. Ocurre tras pedir licencia como gobernador de Sinaloa y después de la acusación presentada en Estados Unidos contra él, Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con Los Chapitos.

Sheinbaum aseguró que Rocha solicitó esa seguridad y que el gobierno hizo una valoración de riesgo. También dijo que cualquier persona puede pedir protección tras revisarse su situación.

Horas después, desde Sinaloa, Omar García Harfuch ajustó el relato. Dijo que la protección no nació de una petición, sino de una recomendación tras evaluaciones de la Secretaría de Seguridad. Ahí aparece una primera contradicción.

VIOLENCIA RECONOCIDA

Harfuch dijo que la medida respondió a hechos de violencia en Sinaloa, aunque aseguró que no había amenaza directa contra Rocha. Ahí una segunda contradicción. Si justifican escoltas por el entorno violento, entonces cuáles son los verdaderos avances de pacificación en el estado.

De acuerdo con datos citados por el propio gobierno, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Sinaloa bajó 50% entre junio de 2025 y enero de 2026. Así que esos datos no equivalen a mayor control del territorio.

Y es que la guerra entre facciones criminales en Sinaloa ya superó los 600 días, con más de 3 mil 100 asesinatos y 2 mil 600 desapariciones. En ese contexto, proteger a Rocha puede tener otro objetivo.

UBICACIÓN DESCONOCIDA

También estamos frente a una tercera contradicción. Harfuch dijo que, hasta donde entendía, Rocha seguía en Sinaloa porque le asignaron escoltas en esa entidad. Luego admitió que no podía asegurarlo con certeza.

Una autoridad puede reservar datos por seguridad. Pero si activaron una protección federal, también deberían conocer dónde está la persona protegida. Esa duda alimenta otra lectura. Que las escoltas no están sólo para cuidarlo, sino para saber sus movimientos y contactos.

Eso puede servir para impedir una fuga o una entrega inesperada a Estados Unidos. También puede evitar que Rocha negocie información por su cuenta. No hay certeza de que eso ocurra, pero días antes El Universal publicó que abogados del senador Enrique Inzunza, quien no ha pedido licencia, se acercaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos para negociar como testigo cooperante. Luego negó esa versión.

PROTECCIÓN DESIGUAL

En México sí existen reglas para pedir protección. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Seguridad puede prestar servicios de protección y custodia a instituciones públicas o personas que lo soliciten.

Los lineamientos del Servicio de Protección Federal señalan que la solicitud debe presentarse por escrito, luego revisan procedencia y capacidad operativa, y que la respuesta puede tardar hasta 20 días hábiles. Hasta ahí lo que dice la ley. Lo que no dice es que puede activarse como un derecho automático e inmediato para ciertos políticos.

Y es que el anuncio de Sheinbaum prendió las redes sociales. Los usuarios recordaron inmediatamente a Carlos Manzo, quien había pedido protección federal antes de su asesinato. Harfuch dijo después que sí contaba con protección, pero el resultado mostró que tener escoltas a veces sirve para dos cosas.

También cuestionaron la falta de protección a madres buscadoras, periodistas, activistas ambientales y defensores de derechos humanos. No han sido pocas las veces que hemos escuchado de asesinatos contra integrantes de estos colectivos. Desde esa óptica, la protección federal de Rocha Moya es imposible de justificar.

EL DATO INCÓMODO

El Instituto Nacional de Migración (INM) recortó el gasto para comida en centros de ayuda a migrantes: pasó de 540 millones de pesos en 2025 a un máximo de 236 millones para 2026. Qué humanistas.