PATRICIA RAMIREZ

Foto: Cuartoscuro

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, advirtió que el debilitamiento de la independencia judicial se traduce en decisiones parciales, decisiones que dejan de tener como centro a la persona y sus derechos humanos.

“Digámoslo claro, sin independencia judicial no hay justicia”, advirtió en su participación en el Congreso Mundial de Derecho.

Argumentó que la independencia judicial no es un privilegio, una ventaja excesiva o una concesión superior para los juzgadores, sino campo fértil para que surja la justicia que demanda la sociedad.

Insistió en que se trata del conjunto de garantías normativas que aseguran una labor judicial libre de presiones o interferencias indebidas. “En este sentido se entiende como una precondición para un mayor y más efectivo acceso a la justicia”, dijo.

Durante su discurso, Piña Hernández aseguró que en México y gran parte del mundo surgen voces y movimientos que intentan mermar la independencia judicial y la división de poderes.

“En mi país, pero no solo en mi país, sino lamentablemente en gran parte del mundo, surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial. Pretenden mermar, a veces de forma sutil, otras de forma directa, la independencia de los poderes judiciales. Intentan diluir la división de poderes”, acotó.

Durante su ponencia, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la justicia como un pilar de la democracia, para lo cual la independencia judicial y el acercar los poderes
judiciales a la sociedad son factores fundamentales.

Hoy, añadió la ministra presidenta, las sociedades de las democracias constitucionales exigen mucho -y con razón- de sus impartidores de justicia.

Agregó que las personas demandan juezas y jueces que se conduzcan de forma ética y resuelvan, no sólo de conformidad con los derechos humanos, sino con imparcialidad y transparencia.

Sin embargo, advirtió, resulta fundamental no quedarnos en la precondición, es decir, reducir la independencia judicial a una garantía exclusiva para los juzgadores, dejándose a un lado la vinculación con el derecho de acceso a la justicia de las personas.

“Es fundamental sensibilizar a la ciudadanía sobre la relevancia de la función judicial. En esta comunicación social habremos de desafiar muchas de las preconcepciones que se tienen sobre la judicatura. Tengo la convicción de que
socializar la trascendencia de la decisión judicial en la vida de las personas tiene el potencial de renovar de forma positiva la relación entre la institución y la ciudadanía.

Un acercamiento con las personas es la única manera de defender la independencia judicial en la arena política, en donde las juezas y los jueces no podemos intervenir”,
concluyó.