Señal: influencia de la IA en autonomía mental
Tendencia: emerge necesidad de neuroderechos y alfabetización mediática

Hace unos días, Charles Fadel –uno de los pedagogos más influyentes del mundo– lanzó una advertencia que debería hacernos reflexionar: “Las redes sociales compiten por tu atención; la IA va a competir por tus pensamientos”. Su afirmación, lejos de ser exagerada, refleja un cambio de paradigma profundo. Los modelos de lenguaje actuales ya no sólo responden preguntas: generan narrativas persuasivas, adaptadas emocionalmente, capaces de moldear no sólo lo que pensamos, sino cómo lo pensamos.

En la región de Cantabria, España, se aprobó recientemente la primera ley en Europa orientada a proteger los neuroderechos de sus habitantes, es decir, aquellos derechos que buscan salvaguardar la privacidad mental, la identidad personal y la integridad de los procesos cognitivos frente a tecnologías que pueden leer o modificar la actividad cerebral. La legislación reconoce que el cerebro humano se ha convertido en un territorio vulnerable y estratégico.

Desde la UNESCO también ha surgido un llamado claro: urge incorporar en los sistemas educativos la alfabetización mediática e informacional como parte central del currículo. No se trata sólo de enseñar a usar tecnologías, sino de formar ciudadanos capaces de analizarlas críticamente. En la misma línea, un directivo de OpenAI señaló hace unos días que los niños deben aprender a detectar patrones engañosos, distinguir verdades y desarrollar pensamiento propio en un mundo donde los contenidos ya no son generados por seres humanos.

La convergencia de estas señales apunta a una tendencia inevitable: la defensa de la mente humana será una de las principales tareas de las democracias del siglo XXI. Así como en otras épocas se luchó por la libertad de expresión o la privacidad física, hoy emerge una nueva frontera: la soberanía cognitiva.

México aún no ha dado un paso significativo: en 2024 se presentó sin éxito una iniciativa para incluir los neuroderechos en la Ley General de Ciencia y Tecnología. La SEP ha comenzado a referirse al uso de la inteligencia artificial en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, pero lo hace en términos de apoyo a los docentes, sin abordar los riesgos éticos ni los impactos cognitivos.

Localmente, los esfuerzos son fragmentarios. La Ciudad de México ha expandido su red de PILARES, con talleres de alfabetización digital y programación básica, pero sin incorporar aún la dimensión crítica o ética. Guanajuato y Jalisco han impulsado cursos universitarios sobre uso responsable de tecnologías, y recientemente Nuevo León anunció la creación de un hub educativo de inteligencia artificial con participación del sector privado. Pero en todos los casos, se trata de avances orientados a la productividad y la empleabilidad, no a la formación de criterio ante entornos de manipulación cognitiva.

Ese tipo de formación –la que podríamos llamar alfabetización neuromediática– aún no forma parte del lenguaje institucional ni de las políticas públicas educativas. Tampoco los docentes están siendo capacitados para formar en estas habilidades.

Frente a este panorama, México necesita construir con urgencia una agenda integral para proteger la autonomía mental de su población. Esto implica reconocer los neuroderechos como una dimensión estratégica de los derechos humanos, incluir en secundaria y bachillerato una asignatura transversal que combine pensamiento crítico, ética de la tecnología y análisis de contenidos generados por inteligencia artificial, crear laboratorios públicos y comunitarios de formación crítica frente a la tecnología, y articular una política federal que permita a entidades federales trabajar con gobiernos locales, universidades y centros culturales en un plan nacional de alfabetización neuromediática.

El nuevo campo de batalla ya no está en las redes ni en la nube: está en la mente. Y si no lo defendemos, no será un algoritmo el que nos controle: seremos nosotros quienes hayamos renunciado a pensar por cuenta propia. En tiempos como estos, pensar no es sólo un derecho: es un acto de soberanía.