En el discurso energético actual, la palabra “soberanía” se repite con insistencia. Se presenta como objetivo incuestionable, casi como sinónimo de fortaleza nacional. Sin embargo, cuando ese concepto no se traduce en decisiones técnicas y financieras viables, corre el riesgo de quedarse en simple retórica.

El sistema eléctrico no responde a narrativas políticas, sino a leyes físicas y económicas. Y dentro de ese sistema, la red de transmisión es mucho más que un componente: es, literalmente, la infraestructura de todas las infraestructuras. Sin ella, no hay mercado posible, pero tampoco hay Estado que pueda garantizar el suministro.

Hoy, México enfrenta una realidad incómoda. La expansión de la red de transmisión requiere inversiones cuantiosas, sostenidas y técnicamente complejas. Al mismo tiempo, el modelo propuesto (de participación mixta) busca mantener el control estatal de esta infraestructura estratégica, limitando la participación privada a esquemas indirectos. En principio, ambas cosas son compatibles. El problema no es el qué, sino el cómo.

Y es precisamente en ese “cómo” donde aparece el concepto clave: la bancabilidad.

Un proyecto es bancable cuando ofrece certidumbre suficiente para atraer financiamiento en condiciones razonables. Esto implica reglas claras, flujos de ingreso previsibles y una asignación de riesgos coherente. Sin estos elementos, el capital (nacional o internacional) simplemente no participa, o lo hace a un costo significativamente mayor.

Los esquemas recientes para el desarrollo de transmisión parecen moverse en una zona intermedia: invitan al financiamiento privado, pero sin definir con claridad los mecanismos que garantizan la recuperación de la inversión. ¿Quién asume el riesgo de pago? ¿Cómo se estructuran los ingresos del proyecto? ¿Qué papel juega la regulación tarifaria? Mientras estas preguntas no tengan respuestas firmes, la bancabilidad seguirá siendo una incógnita.

El resultado no es necesariamente la parálisis, pero sí un avance más lento, más caro y selectivo. Se construirán algunos proyectos prioritarios, pero la expansión de la red no ocurrirá al ritmo que exige el crecimiento de la demanda, la relocalización industrial (nearshoring) y la integración de energías renovables.

Las consecuencias son conocidas: saturación de enlaces eléctricos críticos, limitaciones para nuevos proyectos productivos y una operación del sistema cada vez más cercana a sus límites. En ese contexto, la discusión sobre soberanía pierde sentido práctico. Un sistema que no puede expandirse de manera oportuna difícilmente puede considerarse robusto, independientemente de quién sea su propietario.

La verdadera fortaleza energética no radica únicamente en la propiedad de los activos, sino en la capacidad de planear, financiar y ejecutar infraestructura crítica con eficiencia y oportunidad.

Sin transmisión suficiente, no hay desarrollo energético posible. Y sin condiciones de bancabilidad, la transmisión simplemente no llegará.

Por eso conviene decirlo con claridad: la soberanía sin transmisión es, en el mejor de los casos, una aspiración. En el peor, una falacia.