El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) analiza las consecuencias y el impacto económico financiero que pudiera tener la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, la aprobación de la reforma judicial tal como se encuentra planteada en la actualidad, así como la eliminación de los órganos autónomos.

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En el marco de la designación de curules de representación proporcional en el Congreso de la Unión por el Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente del organismo, José Domingo Figueroa, señaló que la sobrerrepresentación que se discute podría tener Morena, “podría tener como consecuencia la posible concentración del poder y el debilitamiento de los poderes.

“En ese sentido, y como en toda democracia, lo deseable es la existencia de pesos y contrapesos, equilibrado justo y transparente, donde el poder esté distribuido de manera que se protejan los derechos de todos los ciudadanos. Eso es lo verdaderamente importante”, coincidió con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Consideró que se debe tener presente que al cierre de 2024, las finanzas públicas presentarán un déficit de aproximadamente 5.9%, “que traerá como consecuencia un margen de maniobra limitado en el presupuesto de 2025 y en los siguientes años; por lo tanto, se requiere de la inversión privada como motor principal para el crecimiento económico”, la cual se está viendo mermada ante la incertidumbre generada por la falta de seguridad jurídica y Estado de derecho.

El IMEF advirtió que la reforma al Poder Judicial disminuiría la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas por la incertidumbre en el proceso de designación de jueces, así como la posible politización en las designaciones, lo que abriría la puerta para que los jueces enfrenten presiones externas que puedan comprometer su independencia e imparcialidad.

Por lo que se requiere garantizar un Poder Judicial con todas las garantías de imparcialidad e independencia, electo por medio de un proceso de nombramientos adecuado, libre de presiones externas, y que dé seguridad a los inversionistas de tener la posibilidad de dirimir disputas comerciales en tribunales expertos en materia energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otra índole.

Mientras que la eliminación de los órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otros, “tendría graves consecuencias para la economía y la confianza de los inversionistas”, porque no habría organismos técnicos especializados necesarios para evitar la intervención gubernamental sesgada que altere decisiones técnicas de libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano”.

El IMEF aseveró que, de llevarse a cabo las reformas constitucionales como están planteadas y tener una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, México tendría que enfrentar un escenario económico, financiero y de negocios adverso ante un debilitamiento de la confianza en las instituciones y en la seguridad jurídica.

Mientras que la Concamin, exhorta a las autoridades electorales a decidir la asignación de espacios legislativos “en congruencia y cumplimiento de los principios constitucionales de pluralidad, igualdad del voto y proporcionalidad en la representación política, de tal manera que la representación política en el Congreso de la Unión refleje fielmente la pluralidad de la votación” del pasado 2 de junio.