El anuncio de una demanda de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua es solo “parafernalia”, con prácticamente nulas posibilidades de proceder, porque es un mecanismo complicado que requeriría la ratificación del Congreso de Chihuahua, advirtieron especialistas y legisladores federales.
El constitucionalista Francisco Burgoa explicó que desde que se instituyó la figura del juicio político en 1982, no ha prosperado ninguno, aunque sí se han concretado juicios de procedencia o desafuero, como el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Para que procediera el juicio político, primero tendría que presentarse la solicitud en la Cámara de Diputados, ser aprobado por mayoría calificada y remitirse al Senado para su ratificación. Sin embargo, una vez concluido el proceso en el Congreso de la Unión, le correspondería al Congreso del Estado de Chihuahua emitir la declaratoria de procedencia, lo que no sucederá porque se requiere mayoría calificada y el PAN tiene la mayoría en esa instancia legislativa.
“Por tratarse de una gobernadora en funciones, la resolución federal tendría carácter únicamente declarativo. La decisión final de retirarle la inmunidad procesal no recaería en el Congreso federal, sino en la Legislatura local de Chihuahua“, sentenció el jurista.
Agregó que anunciar un juicio político “desde un mitin, sin pruebas y confundiendo deliberadamente el juicio político con la declaración de procedencia, no es defensa de la Constitución: es teatro político“.
El juicio político, regulado en el artículo 114 de la Constitución, es un mecanismo de control político que puede derivar en la destitución e inhabilitación del servidor público acusado. Las causas para iniciarlo incluyen ataques a las instituciones democráticas, violaciones graves a garantías individuales, usurpación de atribuciones e infracciones a la Constitución.
A eso se suma que los juicios políticos se desahogan en la Cámara de Diputados en el orden en que son presentados y hay 57 juicios pendientes que tendrían que ser desahogados o desechados primero, aseguraron legisladores federales.
