En audiencia ante la Suprema Corte de EU, México presentó “en un hecho sin precedentes, un tema fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestros dos países: la necesidad de poner fin al tráfico ilícito de armas de Estados Unidos hacia México”.

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Lo anterior fue informado en Washington D.C. por Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a nombre del canciller Juan Ramón de la Fuente.

El funcionario recordó que México interpuso esta demanda en 2021 contra los fabricantes de armas, “para detener la violencia que se deriva de este tráfico ilícito que, a su vez, da a las organizaciones criminales el poder de fuego para seguir operando, lo cual, también resulta perjudicial a la población de EU”.

México, dijo Arrocha, cuenta con leyes estrictas en la materia, “sólo hay un vendedor de armas en todo el país. Sin embargo, las organizaciones delictivas adquieren armamento con el que han derribado helicópteros militares mexicanos, o bien, armas semiautomáticas de gran calibre, como los AR-15, que no pueden ser adquiridos legalmente por civiles en México”.

Todas estas armas, enfatizó, “se utilizan para herir y matar a decenas de miles de mexicanos cada año. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre gracias al flujo de armas que se trafican ilegalmente, todos los días, desde Estados Unidos”.

El consultor jurídico dijo que México esperará a conocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Unión Americana al respecto de esta ratificación de la demanda contra el tráfico ilegal de armas. En ese sentido, no se estableció una fecha precisa para que el máximo tribunal determine si estas empresas demandadas gozan de inmunidad, “aun cuando incurren en este tipo de prácticas”.

La audiencia, detalló, se da en el contexto de la demanda presentada hace cuatro años “en contra de ocho compañías de la industria armamentista ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts. En enero de 2024, en un hecho inédito, México superó la inmunidad que otorga la ley estadunidense a estas empresas, tras una resolución favorable de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito”.

Durante la audiencia, explicó Arrocha, “México sostuvo que las acciones y omisiones de estas empresas permiten que sus armas de fuego sean traficadas a nuestro país, causando violencia y sufrimiento a su población, por lo que no gozan de inmunidad a la luz de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos. Nuestro país confía plenamente en la solidez de los planteamientos jurídicos expuestos ante la Corte”.

Nada contra la segunda enmienda

El funcionario de la cancillería subrayó que México respeta el derecho del pueblo estadounidense de autogobernarse “y reitera que este caso no versa sobre la segunda enmienda constitucional ni sobre el derecho de los estadounidenses a portar armas. La demanda gira en torno al tráfico ilícito de éstas a nuestro país como consecuencia de las prácticas irresponsables de quienes las fabrican”.

El objetivo de México, destacó Arrocha, “es prevenir la violencia armada y frenar el flujo ilegal de estos productos que tanto daño causan en nuestra población, como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Este litigio estratégico, aseguró, ha obtenido un amplio apoyo de diversos sectores de la población en ambos países: “Legisladores, autoridades estadounidenses, académicos, activistas y organizaciones civiles presentaron a la Suprema Corte de Estados Unidos nueve escritos de ‘amigo de la corte’ que respaldan la postura de México”.

Los abogados que representan a México en este litigio son Jonathan Lowy, presidente de la organización de la sociedad civil Global Action on Gun Violence, y Steve Shadowen, quienes en la audiencia estuvieron acompañados por el propio Arrocha, y por Fadia Ibrahim, directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los argumentos orales fueron presentados por la abogada Cate Stetson, del equipo jurídico de México.