La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México separó de su cargo a varios funcionarios involucrados en la investigación inicial del caso de la joven Edith Guadalupe, quien fue encontrada sin vida en un edificio de la Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

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La fiscal Bertha Alcalde Luján aseguró que la indagatoria se realiza con perspectiva de feminicidio y ante las denuncias de familiares por la inacción en el caso, dijo que es inaceptable la conducta indebida de funcionarios públicos y habrá sanciones.

“Investigamos las lamentables circunstancias en las que murió Edith Guadalupe bajo el protocolo de feminicidio. Vamos a llevar ante la justicia a quien resulte responsable. La conducta indebida de funcionarios, señalada por los familiares, es inaceptable. Ninguna omisión ni actuación fuera de la ley tiene cabida en el servicio público”, dijo a través de sus redes sociales.

Añadió que ya se inició una revisión exhaustiva del caso y habrá consecuencias administrativas y, en su caso, penales para el personal de la Fiscalía y para cualquier otro funcionario de las instituciones involucradas.

“Al mismo tiempo, mantenemos acompañamiento permanente a familiares de la víctima y reiteramos nuestro compromiso con el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos”, insistió.

Por separado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, lamentó el asesinato de la joven Edith Guadalupe y demandó una investigación expedita.

“Reitero nuestro compromiso absoluto para que este crimen no quede impune; pido a la Fiscalía actuar de acuerdo con los protocolos de investigación del delito de feminicidio, con toda la perspectiva de género, con rigor institucional, con sensibilidad y con plena coordinación entre las autoridades para esclarecer los hechos, detener a los responsables y garantizar justicia“, expresó.

La mandataria capitalina precisó que solicitó a la Fiscalía investigar a fondo los señalamientos de familiares y amigos de la joven víctima por presuntas irregularidades que pueden ser de corrupción o de negligencia de algún servidor público encargado de investigar este feminicidio.

Brugada Molina aseveró que, de acreditarse alguna irregularidad, las personas responsables deberán ser sancionadas con todo el peso de la ley, pues en la capital “tenemos el gran compromiso de seguir luchando contra la violencia hacia las mujeres y de hacer justicia ante cualquier acto de violencia o, el peor de todos, que es el feminicidio“.