CIUDAD DE MÉXICO, 13NOVIEMBRE2018.- Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SPJN), durante la presentación de Janine Madeline Otálora Malassis, Magistrada Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien rindió su informe ante el pleno de la sala superior de justicia.
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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek sostuvo que la suspensión que otorgó al llamado “Plan B” de la reforma electoral, fue en aras de preservar el estado democrático del país.
Dentro de su decisión, que publicó este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que los cambios a la ley podrían afectar las funciones del órgano electoral.
“El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE. El decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano”, detalló el ministro.
En la resolución emitida la noche del pasado viernes, agregó que el decreto de reformas a las leyes electorales supone suprimir varias áreas y recortar personal del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que pondría en riesgo el cumplimiento de su función.
Laynes Potisek señaló que el sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE y el decreto publicado por el Ejecutivo federal, produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando.
Por ello, advirtió que de no concederse la medida cautelar solicitada, se podrían concretar los ajustes planteados en la norma impugnada.
De ahí que, aseveró el magistrado, el INE quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía.
Y es que la noche del pasado viernes, se dio a conocer la suspensión de los cambios a las leyes secundarias en material electoral, pero en el acuerdo publicado este lunes, se lee que el sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa de dicho organismo.
“Como se dijo, el decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando”, indicó.
A decir del magistrado Javier Laynez, de no concederse la suspensión solicitada se podrían concretar las reformas planteadas.
“De no concederse la suspensión, el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”, señaló.
