La probable eliminación de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs) en México, tras la iniciativa dictaminada el viernes pasado en la Cámara de Diputados por la Comisión de Puntos Constitucionales, preocupa a la International Chamber of Commerce global y a su capítulo México porque ello, consideró, “podría desencadenar consecuencias profundas y de largo alcance para la estabilidad económica del país, así como para su estructura democrática y de gobernanza”.

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Para la ICC global (que representa a 45 millones de empresas en el mundo) y para la ICC México, los OCAs, creados con el propósito de garantizar la independencia en la toma de decisiones en áreas estratégicas como la competencia económica, la transparencia, y la protección de derechos fundamentales, han sido pilares esenciales en la construcción de un sistema democrático equilibrado y en la promoción de un entorno económico competitivo y justo.

Recordó que el dictamen establece la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

El organismo internacional advirtió que la eliminación de estos organismos abriría la puerta a una mayor concentración de poder económico, con riesgos importantes para la economía nacional y la competitividad en el mercado global, generando un efecto negativo sobre la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.

Además, no descartó que esta situación podría derivar en una menor inversión extranjera directa, afectando el crecimiento económico del país y la economía familiar.

“Tanto a la Organización Mundial de las Empresas, con sede en París, como a la delegación en México, nos preocupa la falta de claridad sobre cómo se reasignarían las funciones de estos órganos, porque podría complicar la revisión y cumplimiento de compromisos internacionales, como los establecidos en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC)”, señalaron de manera conjunta en un comunicado.

En la ICC, que impulsa el comercio internacional, la conducta empresarial responsable y un enfoque global de la regulación, además de proporcionar servicios de resolución de disputas líderes en el mercado, inquieta la eliminación de los OCAs porque podría repercutir en la percepción internacional que se tiene de México como un socio comercial confiable y comprometido con el Estado de derecho.

Ello, porque “estos órganos han sido vistos como garantías de la estabilidad democrática y de una gobernanza económica justa, por lo que su desaparición podría debilitar la posición de México en el escenario global”.

Al respecto, señaló que la eliminación de la Cofece politizaría la regulación del mercado y debilitaría los mecanismos que aseguran una competencia justa, resultando en un aumento de precios y disminución en la calidad de los bienes y servicios.

La desaparición del IFT afectaría la independencia regulatoria del sector de telecomunicaciones y radiodifusión y reduciría la competencia, favorecería prácticas monopólicas y elevaría los costos para los consumidores, mientras que la calidad y la supervisión de los servicios también se verían comprometidas, ampliando sus efectos a nivel internacional alcanzando al T-MEC.

Sin la Comisión Nacional de Hidrocarburos, aseguró que aumentarían los riesgos de ineficiencia y corrupción, pues las decisiones sobre la exploración y explotación de recursos podrían estar influenciadas por intereses políticos que por estudios técnicos rigurosos, desincentivando la inversión privada en el sector energético.

Asimismo, se afectaría la entrada de capital y ralentizando el desarrollo de nuevos proyectos, y podría limitar la capacidad de México para aprovechar sus recursos energéticos, impactando negativamente la producción y la seguridad del suministro de combustibles en el país.

Todo ello “podría influir en el incremento de tarifas eléctricas y de gas, afectando la competitividad económica y el bienestar de los consumidores”.

Mientras que el ICC consideró que, la ausencia del INAI reduciría la capacidad de la ciudadanía para acceder a la información pública, lo que podría facilitar prácticas de corrupción y abuso de poder, ya que no habría un mecanismo independiente y especializado para garantizar que el gobierno y otras entidades públicas proporcionen la información solicitada, debilitando la cultura de transparencia que se ha desarrollado en el país, afectando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.