A pesar de las alertas, la reforma al Poder Judicial avanza, y será el lunes cuando estén listos los resultados de las tres encuestas que Morena mandó hacer para conocer la opinión del pueblo sobre ministros, jueces y magistrados.

Este ejercicio, que realiza desde ayer el propio partido y dos casas encuestadoras, es de manera domiciliaria y a nivel nacional, por lo que no se descarta que el temor de los mercados a un nuevo arreglo institucional se incremente a inicios de la próxima semana.

Pero ¿por qué preocupa a los inversionistas esta reforma?

Primero, porque la existencia de un Poder Judicial independiente es un contrapeso institucional por sí mismo y garantía de imparcialidad.

Recordemos que, por lo menos en teoría, la Corte tiene la función de proteger los derechos y libertades que garantiza la Constitución frente al ejercicio del poder

Así que, la principal preocupación es que si los jueces, ministros y magistrados, son electos por votación popular, tendrían que responder a los intereses de quienes los apoyaron para que ocuparan sus puestos.

Lo anterior, representa el riesgo de que el poder de la Corte para resolver litigios entre particulares, amparos o acciones de inconstitucionalidad puede volverse irrelevante.

Otro “foco rojo” que debe tomarse en cuenta es el T-MEC, ya que, según especialistas, la aprobación de la reforma judicial implicaría la violación por parte de México de lo que dispone el Tratado Comercial, en materia de inversiones y de contar con un Poder Judicial transparente e imparcial.

Si bien en el T-MEC no hay una prohibición explícita sobre esta reforma, uno de los principios básicos que protege a los países en sus relaciones comerciales y de inversiones, es la transparencia y la no discriminación en las decisiones gubernamentales.

Las preocupaciones ya se externaron, y para muestra basta mencionar que hace unos días vino una delegación de Estados Unidos y alertó de los riesgos para el T-MEC.

Durante la comparecencia de Brian A. Nichols, subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, en la Cámara de Representantes; Greg Stanton, congresista demócrata por Arizona, acusó que la reforma del presidente de México al Poder Judicial “creará un desbalance en el poder en el país y ha generado malestar en los mercados”.

En respuesta a Stanton, el subsecretario Nichols dijo que el gobierno de Estados Unidos seguirá insistiendo en que se respeten las inversiones extranjeras en el marco del T-MEC.

Mientras que la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que en el T-MEC existen mecanismos para resolver controversias.

El nerviosismo no se debe sólo a esta reforma, también está la que contempla la desaparición de los organismos autónomos que, de aprobarse, pondría en riesgo el cumplimiento efectivo de los principios que están plasmados en el capítulo de competencia del T-MEC.

Además, de los que se establecen en el apartado de Telecomunicaciones donde existe el compromiso de los países socios de tener un ente regulador con las características que actualmente tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La revisión del T-MEC está en puerta, pues se llevará a cabo en 2026, por lo que, si ahora el panorama es complejo, de concretarse estos ajustes dicho tratado estará en peligro sobre todo con Donald Trump y una política nacionalista reforzada.

Así que es muy relevante mantener un diálogo abierto y transparente para que se lleve a cabo una revisión exhaustiva del texto de las iniciativas antes de aprobarlas, porque lo cierto es que la relación comercial que tenemos con Estados Unidos representa el 80% del PIB nacional.

Si esta relación se ve afectada, el ingreso de dólares al país por las exportaciones podría disminuir considerablemente en el corto plazo y las inversiones nacionales y extranjeras se retrasarían, vulnerando la integración comercial regional, impactando visiblemente al tipo de cambio y mermando la oportunidad del nearshoring.

En conclusión, a nadie le conviene que se mantenga la incertidumbre y la volatilidad de los mercados, porque esto sí afectaría a los ciudadanos de a pie, pues se frena el crecimiento económico, la depreciación del peso ocasionaría un incremento en los precios por el alza en la inflación y habrá créditos con una tasa de interés más alta.