BORIS BERENZON GORN
La economía familiar enfrenta embates nuevos cada día. El sistema capitalista nos trasciende y las desigualdades, lejos de atenuarse en todo el mundo, crecen incesantemente. Los pocos que tienen todo, cada vez son menos, mientras que el común de las personas trabajadoras ven cómo los desafíos para acceder a derechos básicos como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, entre otros, se incrementan y las oportunidades disminuyen. En este horizonte, el trabajo informal siempre ha sido una alternativa para apoyo—o sostén—de la economía familiar. En nuestro país, durante el 2022, más del 55% de la población trabajadora de 15 años o más se ubicaba en el sector informal. Sin embargo, ese modelo plantea numerosos inconvenientes tanto a nivel individual como colectivo, que exigen examinar sus causas y buscar alternativas mejores con la finalidad de reducir la brecha de la desigualdad.
En primer lugar, como sabemos, el trabajo informal tiene un impacto directo en la recaudación de impuestos, lo que se traduce en desigualdad, por lo que es un factor común el reclamo social con respecto a la disparidad de la producción económica. Pero esto también suele tener un impacto a nivel individual, puesto que los trabajadores informales difícilmente tienen acceso a seguridad social y prestaciones que aseguren su integridad en caso de eventualidades y a futuro. Es decir, “viven al día” para sustentar sus necesidades y no suelen acceder a derechos como vacaciones o días de descanso, contar con horarios fijos y seguridad para sus familias. La relación de los trabajadores informales con las instituciones suele ser de tolerancia o persecución, pues las alternativas para la formalidad, aunque cada vez son mayores, todavía no son suficientes y mucho menos justas.
Esto favorece que gran cantidad de trabajos informales, a menudo de manera indirecta, estén relacionados con actividades delictivas. La venta de mercancía robada o de piratería es usual en el trabajo informal. El comercio en redes sociales es un punto cada vez más significativo para este tipo de intercambios que no están regulados por las plataformas, e incluso se puede encontrar mercancía de dudosa procedencia en gigantes como Amazon y Mercado Libre, quienes se deslindan de lo que se vende y tienen políticas de responsabilidad muy restringidas.
Pero la informalidad también favorece las actividades criminales de manera directa, pues representan una jugosa alternativa salarial frente a la formalidad que cuenta con salarios regulados por el mercado y limitados por experiencia y formación académica. Puede evitar la creación de empleos formales, desestabilizar a las empresas, desincentivar la inversión a consecuencia de la incertidumbre y generar poco interés en la innovación y la modernización. Pero la inestabilidad y falta de seguridad de los trabajos informales no sólo afecta a empresas y gobiernos, sino fundamentalmente a los trabajadores, ya que incrementa la pobreza y la desigualdad.
Un caso que expresa esta desigualdad es el de las llamadas nenis, que son las personas, en su mayoría mujeres, que efectúan intercambios de mercancía a través de redes sociales y entregan en paradas de transporte, plazas y otros centros públicos. Las mujeres han realizado esta clase de trabajos por años, pues además de las labores domésticas que llevan a cabo, generan iniciativas—por mucho tiempo la venta por catálogo se ha nutrido de su necesidad—para que la economía familiar mejore. El trabajo informal refleja las dificultades sociales y suele marginar a grupos de población que enfrentan falta de oportunidades. Para regularizar el trabajo informal se requiere no sólo de políticas públicas y salarios dignos, además es preciso atender a las minorías e invertir en educación.
