La irrupción de TelevisaLeaks, justo cuando se debate una nueva legislación para regular las telecomunicaciones, incluido el ecosistema digital mexicano, ilustra una coincidencia que resulta difícil considerar fortuita. La filtración a Aristegui Noticias que documenta prácticas por parte de Televisa de manipulación mediática, entre otros delitos, ha desatado una indignación legítima. Sin embargo, también ha servido para que el oficialismo impulse un marco legal orientado a ampliar el control sobre el flujo de información.

La dinámica es conocida. Episodios de crisis suelen ofrecer la oportunidad de impulsar reformas que, bajo circunstancias normales, enfrentarían mayor resistencia pública. La lógica es simple: ante la percepción de un sistema de medios corrupto y campañas negras, se presenta la expansión y “rectoría” del Estado como una medida necesaria de protección. Se desliza la idea de que, para preservar la integridad de la democracia, se requiere una supervisión más estricta del ecosistema de medios y de los contenidos que se producen.

La propuesta de ley que impulsa el oficialismo y que introduce criterios meramente políticos para definir riesgos informativos encuentra una bocanada de aire fresco con el escándalo de TelevisaLeaks. Todo ello en un entorno en el que los contrapesos institucionales son débiles y en donde la independencia de los organismos reguladores ha sido persistentemente erosionada. Nada es coincidencia.

El riesgo no reside únicamente en el contenido de la ley, sino en el modelo de gobernanza que promueve. En un ecosistema donde la discusión de lo público se ha trasladado a las plataformas digitales, controlar los flujos de información equivale a controlar las condiciones mismas del debate democrático. Quedar sin servicio de Twitter, Facebook o TikTok o alguna otra plataforma será posible. 

TelevisaLeaks renovará, visibilizará y ahondará la crisis de credibilidad y confianza sobre los conglomerados de medios mexicanos. El oficialismo está de plácemes pues encuentra el pretexto para avanzar en la consolidación por el control de las narrativas.

La respuesta oficial no parece que será enfocada en fortalecer las condiciones de transparencia y pluralidad, sino en ampliar las capacidades de control del Estado. Bajo el pretexto de corregir un sistema corrompido, se avanza hacia una arquitectura legal que puede consolidar dinámicas de technoautoritarismo.

La experiencia internacional advierte que leyes destinadas a combatir la desinformación tienden a ser utilizadas, en contextos de alta concentración de poder, para restringir la libertad de expresión y castigar la disidencia. Una vez instaurados, los marcos legales que habilitan la censura tienden a expandirse más allá de sus propósitos declarados, volviéndose herramientas permanentes de control.

El desafío que plantea este momento no consiste únicamente en cuestionar la legislación propuesta, sino en reconocer las transformaciones estructurales que están en juego. La defensa de la libertad de expresión en la era digital exige entender que la censura ya no se presenta como una prohibición explícita, sino como una regulación razonable; que el control no siempre se impone con violencia, sino que se administra desde la gestión algorítmica y la arquitectura de incentivos.

Preservar un espacio público plural no dependerá solamente de resistir una ley en particular, sino de construir mecanismos de supervisión ciudadana, fortalecer medios independientes y exigir una gobernanza digital orientada al interés público y no al interés político. En tiempos de crisis, resulta más fácil sacrificar libertades en nombre de la protección. Reconocer ese riesgo es el primer paso para evitar que el technoautoritarismo avance bajo la apariencia de una solución inevitable.