La política de privacidad de TikTok y el fortalecimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) forman parte de una misma arquitectura de sobrevigilancia del gobierno estadounidense.

Ambas avanzan desde frentes distintos y convergen en un objetivo compartido: ampliar la capacidad del Estado estadounidense para sobrevigilar a poblaciones específicas bajo una lógica que apunta hacia una forma de limpieza social mediante la identificación y expulsión de su territorio.

El jueves 22 de enero de 2026, TikTok anunció la creación de TikTok USDS Joint Venture LLC, la entidad que formaliza la venta de sus operaciones estadounidenses tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. ByteDance, el corporativo chino, conservará menos del 20% de participación accionaria, mientras que el control mayoritario quedará en manos de inversionistas estadounidenses.

El acuerdo reorganiza la gobernanza de una de las infraestructuras digitales más influyentes del país ahora bajo jurisdicción de EU, con el argumento de seguridad y control regulatorio.

Dicho cambio de propiedad activó en la plataforma una notificación. Se trata del aviso de privacidad asociado a la nueva entidad legal. Para millones de personas, la actualización se percibe como una amenaza directa.

Entre las nuevas posibilidades aparece la de procesar información respecto a la ciudadanía o estatus migratorio. La reacción de los usuarios ha llegado a redes sociales, acompañada de inquietud ante un entorno político cada vez más restrictivo y punitivo.

En esa misma lógica se inscribe el esfuerzo de la administración Trump por expandir y fortalecer al ICE. Durante el último año, la agencia duplicó su tamaño como parte de una agenda presidencial orientada a deportaciones a gran escala.

Documentos internos obtenidos por The Washington Post describen una estrategia denominada “reclutamiento en tiempos de guerra”, con la meta de contratar 14 mil nuevos empleados, además de los más de 20 mil agentes actuales. El plan contempla un gasto cercano a 100 millones de dólares en publicidad digital y presencial para acelerar la contratación.

La campaña de reclutamiento del ICE recurre a estéticas de videojuegos, películas de acción y cultura deportiva. Mediante técnicas de geocercado, la agencia dirige mensajes a audiencias específicas en eventos como peleas de UFC, carreras de NASCAR, rodeos y ferias de armas.

Dentro del espacio digital, las personas reciben invitaciones para sumarse a una institución que presenta su tarea en términos de defensa, combate y patriotismo.

Funcionarios actuales y anteriores del propio ICE han expresado públicamente su inquietud ante este enfoque. Señalan que la narrativa bélica simplifica una política pública compleja y atrae perfiles motivados por la confrontación más que por el trabajo cuidadoso que exige la aplicación de la ley migratoria.

En este contexto, la política de privacidad de TikTok adquiere un significado político más amplio. El nuevo aviso de privacidad de la plataforma hoy manda un mensaje potente a millones de usuarios estadounidenses que ven a la red social como una ventana para la sobrevigilancia.

Despachos de abogados especializados advierten que las plataformas deben detallar qué información procesan, cómo se utiliza y con quién se comparte. Otras empresas tecnológicas siguen esquemas comparables. Meta mantiene políticas de privacidad igualmente detalladas, aunque con ejemplos distintos.

Esta nueva configuración de la política de privacidad de TikTok funciona como un mecanismo que amplía la exposición de quienes abordan temas sensibles en redes sociales. Aunado a ello, la expansión del ICE mediante campañas de propaganda agresiva muestran cómo la infraestructura digital y el aparato migratorio avanzan como piezas de una misma política pública orientada a la depuración social.

Cada vez más, el espacio digital funciona hoy como una zona compartida en donde el Estado difunde propaganda para reclutar y fortalecer ICE y las plataformas revisan identidades. Esa superposición abre una pregunta decisiva: ¿qué salvaguardas y derechos mantienen los usuarios?