Patricia Ramírez / Ovaciones
Foto: IECM / Cuartoscuro.com
Con una política de cero tolerancia, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) trabaja para frenar a las personas violentadoras que buscan una candidatura a los cargos públicos, aseguró el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mauricio Huesca Rodríguez.
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Recordó que se aprobó el registro de candidaturas a diversos cargos de elección popular y gracias a las acciones afirmativas y de paridad implementadas, se logró la postulación de un porcentaje superior al 50 por ciento de mujeres a los cargos de alcaldías, concejalías y diputaciones en la capital del país.
Además, para prevenir y erradicar la violencia, uno de los requisitos para las candidaturas era cumplir con la 3 de 3 contra la Violencia y actualmente se verifica que las personas aspirantes a una candidatura acrediten que no hayan cometido delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la diversidad sexual, el desarrollo psicosexual y que no hayan sido denunciados por violencia familiar.
Además, deberán comprobar que no han sido denunciados por violencia a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género y que no hayan sido declarados personas deudoras alimentarias morosas.
En este sentido, sostuvo que es indispensable que las autoridades electorales analicen y visibilicen los retos que nos pone enfrente la violencia política de género, en el marco del Proceso Electoral de la Ciudad de México.
En su exposición, la Directora para América Latina y el Caribe IDEA Internacional, Marcela Ríos Tobar, señaló que en América Latina se han logrado avances importantes, porque es la región con más mujeres en el mundo con mayor representación en el poder legislativo, con el número más alto de mujeres de Estado y próximamente México se va a sumar a esta estadística. Lo anterior, dijo, se ha logrado por la promoción de acciones afirmativas como la paridad y políticas de género.
No obstante, advirtió que hay un momento de retrocesos y amenazas, porque han surgido grupos que tratan de revertir los logros feministas, de representación, igualdad y paridad, los cuales han costado décadas. Por ello, advirtió que es necesario seguir trabajando y hacer conciencia de que se debe combatir la violencia contra niñas, mujeres y otras poblaciones, pero específicamente atacar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
A su vez, la experta electoral y expresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Katia Uriona Gamarra, sostuvo que la inclusión de las mujeres en el ámbito político ha generado una activación de violencia política por razón de género, lo cual constituye una vulneración a los derechos de las mujeres que es necesario visibilizar.
Refirió que Bolivia es el primer país en contar con una Ley de Acoso y Violencia Política contra Mujeres, lo cual fue resultado del asesinato de la concejala Juana Quispe. Dijo que dicha Ley permitió visibilizar la definición de lo que es el acoso político, diferenciando lo que es violencia política.
