En el discurso público se repite con insistencia que México necesita acelerar con urgencia los proyectos de transmisión eléctrica. Y es cierto. La red está saturada, los cuellos de botella son evidentes y los riesgos operativos ya no son teóricos: apagones, restricciones regionales y pérdida de confiabilidad empiezan a formar parte del paisaje cotidiano.

Sin embargo, hay un problema mayor que rara vez se aborda con franqueza y que, de no atenderse, volverá estéril cualquier intento de acelerar obras: la bancabilidad de los proyectos.

Hoy, el principal obstáculo para ejecutar líneas de transmisión y subestaciones no es técnico, ni siquiera administrativo. Es financiero. Sin esquemas claros de garantía, no hay financiamiento bancario posible. Y sin financiamiento, no hay interés real de las empresas constructoras bajo esquemas EPC (ingeniería, suministro y construcción) en asumir riesgos de ejecución en obras intensivas en capital, de largo plazo y con pagos diferidos.

Durante décadas, México resolvió este problema mediante distintos mecanismos de garantía soberana implícita o explícita. PIDIREGAS fue uno de ellos. La obra pública financiada (OPF) fue otro. El común denominador era claro: el Estado asumía el riesgo último de pago, permitiendo que la banca, nacional e internacional, financiara proyectos estratégicos con tasas razonables y plazos compatibles con la vida útil de la infraestructura.

Hoy, en cambio, se pretende acelerar proyectos de transmisión sin ofrecer ningún instrumento equivalente. Se habla de urgencia, pero se omite el elemento central que permite que esa urgencia se traduzca en obras: la certidumbre financiera.

Aquí es donde la Secretaría de Energía está llamada a ejercer un músculo que sí le corresponde. No basta con coordinar calendarios, priorizar proyectos o anunciar licitaciones. La secretaría debe asumir un papel activo en el diseño institucional, financiero y jurídico que devuelva bancabilidad a la transmisión eléctrica.

Pero hay otros dos factores, menos visibles en el discurso oficial, que también afectan directamente la bancabilidad y que hoy se están manejando de forma poco realista.

El primero es la imposición de plazos de ejecución imposibles de cumplir. De manera recurrente se pretende que obras cuya ingeniería, suministro y construcción requieren 24 meses se ejecuten en 10 o 12. Esa compresión artificial de plazos no acelera las obras; simplemente multiplica los riesgos. Ninguna empresa seria puede aceptar compromisos técnicamente inviables sin inflar costos o exponerse a penalizaciones inevitables.

El segundo es la aplicación rígida del porcentaje de contenido nacional, hoy fijado en alrededor del 40%. En condiciones normales, este criterio puede ser razonable. En un contexto de urgencia sistémica, se convierte en un cuello de botella adicional. La realidad es que la industria nacional no tiene hoy la capacidad de suministrar todos los materiales y equipos requeridos en los plazos que exigen estos proyectos.

Pretender que una empresa EPC financie una línea de 400 kV o una subestación estratégica sin respaldo soberano, con plazos imposibles y restricciones de suministro incompatibles con la urgencia, es desconocer cómo funciona el financiamiento de infraestructura en el mundo real.

Finalmente, está el músculo más escaso: el político. Dar garantías soberanas, ajustar plazos y flexibilizar criterios implica decidir, firmar y asumir responsabilidades. Pero no decidir también tiene un costo, sólo que se paga en apagones, saturación de la red, pérdida de competitividad y crisis que luego se califican como “inesperadas”.

La Secretaría de Energía no necesita más discursos de urgencia. Necesita ejercer el músculo institucional, financiero, jurídico y técnico que le corresponde para devolver bancabilidad a la transmisión eléctrica. Si lo hace, los proyectos fluirán, la banca regresará y las empresas responderán. Si no, seguiremos hablando de acelerar… mientras el sistema eléctrico sigue esperando.