La reforma electoral anunciada por Claudia Sheinbaum entró en fase de definición. Se presentará el siguiente martes. El desacuerdo con PT y PVEM se concentra en dos temas con impacto directo en la supervivencia de los partidos, financiamiento público y plurinominales.
Ambos asuntos están anclados en la Constitución. Por eso el desenlace no depende sólo de voluntad presidencial, sino de mayorías calificadas.
Además, existe un reloj institucional. La Constitución establece que las leyes electorales deben aprobarse y publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en que se aplicarán. Diversos actores han señalado mayo como límite operativo si se quiere que aplique en 2027.
También pesa el antecedente del llamado plan B electoral. Al intentar darle gusto a los intereses del PT y PVEM, se impulsaron cambios como medidas para no perder el registro por baja votación o compartir votos entre partidos de la misma coalición.
Con ese marco, veo tres escenarios.
1. NO SE PRESENTA POR DESACUERDOS
Probabilidad: baja.
Sheinbaum ha declarado que enviará la iniciativa aun sin consenso total. Sin embargo, si la presión de PT y PVEM en financiamiento y representación proporcional impide construir mayoría constitucional, podría optarse por congelarla.
La aritmética importa. En Diputados y Senado, Morena depende de sus aliados para alcanzar dos terceras partes. El propio coordinador del PT en San Lázaro ha señalado públicamente que sin sus votos no hay reforma constitucional.
La consecuencia sería política. No presentar la iniciativa proyectaría incapacidad para liderar la coalición. También enviaría señal de debilidad frente a 2027. Siendo Presidenta, Sheinbaum no puede proyectar debilidad.
2. REFORMA DESCAFEINADA
Probabilidad: media.
Este escenario implicaría presentar un proyecto centrado en reducir costos operativos del sistema electoral, reforzar la fiscalización del dinero en campañas y modificar aspectos técnicos como la elección de consejeros o magistrados electorales, además de facilitar consultas populares.
En este modelo, no se tocaría de fondo el financiamiento público ni la estructura de los plurinominales; si acaso se harían ajustes simbólicos que no afecten a PT y PVEM.
Los datos muestran que el INE ya opera con recortes presupuestales, mientras que el financiamiento partidista tiene fórmula constitucional. En 2026, las prerrogativas superan los 7 mil millones de pesos.
La consecuencia sería comunicacional. Sheinbaum podría presentar la reforma como cumplimiento de promesa y como medida de austeridad. Sin embargo, enfrentaría críticas por no modificar los privilegios estructurales del sistema de partidos. El paralelo con la reforma laboral de 40 horas sería inevitable, donde se presume meta cumplida, pero algunos sectores acusarían simulación.
3. INICIATIVA AGRESIVA Y NEGOCIACIÓN POSTERIOR
Probabilidad: alta.
En este escenario, la Presidenta enviaría una reforma amplia que incluya reducción de plurinominales y recorte de financiamiento, además de los cambios técnicos y de fiscalización.
El proyecto inicial marcaría posición política para Sheinbaum. Durante el trámite en comisiones y pleno, el texto se modificaría para satisfacer a PT y PVEM. El resultado sería una versión suavizada.
Este patrón ya ocurrió en la reforma constitucional sobre nepotismo, donde la entrada en vigor fue modificada en el Senado. La Presidencia dirá que mantuvo la narrativa de intención original y el ajuste fue cosa del Congreso.
La ventaja política es doble. Sheinbaum preserva la imagen de transformación y traslada el costo político de los cambios a coordinadores parlamentarios y aliados. La coalición se mantiene cohesionada rumbo a 2027.
Ya veremos si hay sorpresas la siguiente semana.
EL DATO INCÓMODO
Las Islas Marías eran ejemplo de reinserción social pero terminó en fracaso turístico. Animal Político reportó que apenas recuperaron 15% de lo que costó operarlas en 2024. Bajaron visitantes, bajaron ingresos y ni siquiera se ejerció todo el presupuesto para promoción.
