Se prometió un nuevo Poder Judicial. Más honesto. Más cercano. Libre de privilegios. Pero el camino que se eligió lo lleva justo en dirección contraria. Porque antes de que empiece a impartir justicia, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial apunta a ser más una inquisición que un árbitro imparcial.
Y debemos reiterar: la elección judicial para elegir a los nuevos integrantes del tribunal disciplinario logró una abstención superior a los 87 millones de personas, además de que uno de cada cinco votos fue nulo o blanco.
Los nombres definidos: Celia Maya, Verónica de Gyves, Bernardo Bátiz, Indira García y Rufino León. Todos con vínculos directos con el oficialismo. Todos propuestos, impulsados o respaldados por el expresidente López Obrador.
Y coinciden punto por punto con los acordeones que circularon antes de la elección. Volantes a color, con diseño profesional, distribuidos en templos, plazas, chats y sindicatos. El voto popular, al final, coincidió al 100% con una lista previamente armada.
JUSTICIA O CASTIGO
Mientras se decía que el objetivo era acabar con el control vertical del Consejo de la Judicatura Federal (ese que antes se criticaba con razón), lo que se construyó fue otro tipo de control: más discreto, más disciplinario, más temido.
El nuevo tribunal no es un buzón de quejas. Es un órgano con dientes. Puede sancionar, suspender, destituir e inhabilitar a cualquier juez o magistrado. Sus decisiones son definitivas. No se pueden apelar. Ni impugnar. El castigo es directo.
Y ahora imaginen este poder en manos de perfiles que han hecho carrera no sólo en política, sino en las filas del oficialismo.
Ahí está Celia Maya, exmilitante de Morena, propuesta para ministra dos veces por López Obrador. Ahí está Verónica de Gyves, propuesta por el mismo expresidente para la Fiscalía General. Ahí está Bernardo Bátiz, exprocurador en el gobierno capitalino, fundador de Morena, consejero judicial por dedazo.
EL MENSAJE
Sobran razones para temer que el Tribunal de Disciplina Judicial no va a actuar con imparcialidad. Va a operar con presión y miedo. Si tiene que resolver entre lo que mandata la Constitución o el cálculo político, se irá por lo segundo.
Esto no es menor. Porque el Tribunal de Disciplina tiene facultades sobre todo el aparato judicial. Desde jueces hasta magistrados. El que incomode, puede ser removido.
¿Y LA INDEPENDENCIA?
Ya lo dijo uno de los propios magistrados electos, Rufino León: hay que meter a la cárcel a los jueces corruptos. Pero nunca se aclaró cómo se decidirá quién es corrupto. ¿La ley? ¿O el partido en el poder? ¿Lo que se diga en una mañanera?
Así no se construye justicia. Se construye miedo. Porque cuando el juez o magistrado ya no teme a la ley, sino al castigo arbitrario, deja de impartir justicia.
Pronto el nuevo tribunal estará en pie. Con presupuesto, poder y operadores leales. El sistema de justicia difícilmente será justo. Y eso, tarde o temprano, también golpea al inocente.
EL DATO INCÓMODO
Animal Político reveló que México perdió más de 93 mil empleos formales entre abril y mayo de 2025, según cifras del IMSS. Es la segunda caída mensual consecutiva. En lo que va del año, sólo se han creado 133 mil empleos, la cifra más baja desde 2009 (excluyendo pandemia).
El propio IMSS atribuyó la baja al “comportamiento estacional”. Sin embargo, México, ¿Cómo Vamos?, advirtió que la generación actual está 58.8% por debajo del año pasado. Con este ritmo, no se alcanza la meta de 100 mil empleos nuevos por mes. El efecto Trump está pegando duro. ¿Qué hará el gobierno federal?
