La presidenta Claudia Sheinbaum ha ganado tiempo. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, aceptó prorrogar por 90 días -hasta el 1 de noviembre– la entrada en vigor del arancel del 30% a productos mexicanos. En apariencia, es una buena noticia: se evita un golpe inmediato a las exportaciones nacionales. Pero en el fondo, la prórroga es apenas una bocanada de aire en medio de un asedio económico, diplomático y político que no cesa.

El aplazamiento no es sinónimo de acuerdo. Más bien prolonga la incertidumbre, y con ella, se profundiza el riesgo de que la inversión privada -tanto nacional como extranjera- detenga decisiones clave en espera de claridad. En ese contexto, México cedió más de lo que ganó. Aceptó eliminar barreras comerciales no arancelarias y flexibilizar regulaciones que protegen a ciertas industrias, sin obtener a cambio una promesa firme de solución definitiva por parte de la Casa Blanca. Washington ofreció únicamente tiempo. Nada más.

La lista de productos castigados con aranceles sigue intacta: acero, aluminio, cobre, jitomate y autos —sectores neurálgicos para la economía mexicana— ya enfrentan tarifas que encarecen sus exportaciones, golpean su competitividad y, por lo tanto, su capacidad de generación de empleo. Las industrias fronterizas, particularmente en Sonora, Chihuahua y Baja California, resienten ya el impacto.

Mientras tanto, el gobierno de Trump endurece su postura no sólo en materia comercial. Las presiones en seguridad y migración se acumulan como fichas de negociación: la Casa Blanca exige mayor contención migratoria en la frontera sur, más operativos militares conjuntos y resultados verificables en la lucha contra el crimen organizado. Washington quiere ver rodar cabezas. México, acorralado, responde con cautela.

La presidenta Sheinbaum ha optado por el camino del diálogo. Su estrategia de no confrontación ha evitado una escalada mayor y, en muchos sentidos, ha contenido las amenazas. Pero también es cierto que el tiempo comienza a jugar en su contra. En algún momento, deberá pasar de la contención a la resolución.

Cada semana que transcurre bajo este régimen de incertidumbre erosiona la confianza empresarial. La inversión, como los mercados, detesta el vacío. Por eso, hay voces que proponen adelantar la renegociación del T-MEC prevista para 2026. Un nuevo acuerdo comercial, más estable y previsible, podría devolver la certidumbre que hoy parece evaporarse.

La disyuntiva es clara: seguir negociando bajo amenaza o redefinir los términos de la relación con visión estratégica. Lo que está en juego no es sólo el comercio, sino la soberanía económica y la capacidad de México de fijar su propio rumbo frente a un socio que impone y presiona.
Porque las prórrogas no resuelven. Solo postergan lo inevitable.