El aumento del turismo en México ha provocado encarecimiento de la vivienda, desplazamiento de comunidades, presión sobre los recursos naturales y deterioro ambiental en distintos destinos del país, por lo que senadores del Partido Verde Ecologista de México propusieron reformar la ley para obligar a la Secretaría de Turismo a realizar estudios sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de esta actividad antes de autorizar o ampliar proyectos turísticos.

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México fue uno de los países que encabezó el crecimiento turístico mundial durante la primera mitad de 2025, al registrar un aumento del 7 por ciento, de acuerdo con el Barómetro de ONU Turismo, y aunque esta actividad genera empleos directos e indirectos, ingreso familiar, divisas y fortalece la balanza de pagos y las economías locales, los legisladores advirtieron que el crecimiento sin planeación ha comenzado a generar consecuencias que ponen en riesgo la sostenibilidad de los destinos.

Entre los principales efectos negativos identificaron la sobreexplotación de recursos naturales, el incremento en el consumo de agua y energía, la contaminación, la degradación de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, además de fenómenos sociales como la gentrificación, que ha elevado el costo de la vivienda y de los servicios, precarizado el trabajo y desplazado a las poblaciones originarias en distintas zonas turísticas. Los senadores del Partido Verde Ecologista de México afirmaron que esta situación se ha agravado con el crecimiento de plataformas de hospedaje temporal, como Airbnb, que han favorecido la llegada de turistas y residentes temporales trasnacionales sin que existan estudios oficiales sobre sus efectos económicos y sociales.

Actualmente, en el país sólo existen tres observatorios turísticos, ubicados en Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala, donde se recopilan indicadores para monitorear la actividad y diseñar estrategias para mejorar la competitividad de los destinos; sin embargo, únicamente una parte mínima de esa información es pública, mientras que la mayoría permanece en bases de datos sin acceso para consulta.

Los legisladores sostuvieron que, pese a las distintas estrategias y planes impulsados para promover un turismo sustentable, los costos por agotamiento y degradación ambiental continúan siendo elevados, por lo que consideraron necesario relacionar la información disponible y las necesidades de las comunidades con la política nacional de turismo, a fin de desarrollar acciones que reduzcan los efectos negativos de esta actividad.

La iniciativa plantea que la Secretaría de Turismo tenga entre sus atribuciones la elaboración de estudios y evaluaciones permanentes sobre los efectos del turismo en las poblaciones y localidades donde se desarrolla esta actividad, diagnósticos que deberán incorporarse de manera obligatoria en los programas sectoriales, municipales y locales, con el propósito de que las decisiones sobre nuevos proyectos o la expansión de destinos no se tomen únicamente con base en la derrama económica, sino también en sus consecuencias sociales y ambientales, para garantizar un desarrollo turístico equilibrado, incluyente y de largo plazo, que maximice los beneficios económicos y sociales del sector sin profundizar problemas como la gentrificación, la degradación ambiental o el desplazamiento de las comunidades.