El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que existe una investigación en curso sobre un resort en Puerto Vallarta que autoridades de Estados Unidos vincularon con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

LEE ADEMÁS: Trump anuncia arancel global del 10% y fortalece restricciones comerciales

Durante la conferencia matutina, el funcionario precisó que la indagatoria no se limita a un solo inmueble, sino que forma parte de un conjunto de investigaciones abiertas en distintos estados de la República relacionadas con posibles operaciones empresariales y financieras asociadas a ese grupo delictivo.

García Harfuch indicó que la investigación específica sobre el resort la coordina la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que será la encargada de informar oficialmente conforme avancen las diligencias.

Sobre el número de empresarios involucrados, respondió que se trata de una investigación en proceso y que, en su momento, la UNIF presentó una denuncia ante la FGR, por lo que corresponderá a la autoridad ministerial proporcionar detalles.

El secretario subrayó que, en el caso particular de Puerto Vallarta, ya se enlistaron las empresas y personas vinculadas dentro de la investigación, aunque evitó precisar cifras o identidades, debido al carácter reservado de las indagatorias.

Asimismo, aclaró que no se trata de una investigación generalizada, sino de distintos expedientes abiertos en diferentes entidades federativas, cada uno con su propia ruta de análisis financiero y penal.

Autoridades estadounidenses señalaron presuntos vínculos entre complejos turísticos y redes de financiamiento ilícito, lo que detonó la revisión de operaciones empresariales bajo sospecha.

El esquema afectó principalmente a ciudadanos de Estados Unidos, en particular adultos mayores, quienes recibieron ofertas falsas de reventa o administración de propiedades vacacionales y transfirieron recursos bajo promesas inexistentes.

El Departamento del Tesoro informó que estas operaciones generaron ingresos relevantes para la estructura financiera del CJNG, ampliando su portafolio delictivo más allá del tráfico de drogas hacia esquemas de fraude transnacional con apariencia de legalidad comercial.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Supremo de EU anula aranceles de Trump y frena su guerra comercial

La red utilizó mecanismos de contacto directo con las víctimas, a quienes convenció de cubrir supuestos impuestos, comisiones o trámites administrativos para concretar ventas ficticias de tiempo compartido, lo que derivó en pérdidas patrimoniales significativas.

El gobierno estadounidense afirmó que el fraude de tiempo compartido representa una modalidad recurrente que afecta a personas vulnerables y que en varios casos implicó la pérdida de ahorros acumulados durante años de trabajo.