Es irresponsable de nuestra parte hacer un juicio sobre la doble ejecución sucedida en las personas cercanas a la jefa de Gobierno. Un prejuicio es un juicio basado en la ignorancia, y eso es el cúmulo de opiniones que se han vertido en los últimos días sobre estos hechos.
Sin embargo, los que hemos operado y estudiado la seguridad integral estamos obligados a generar hipótesis (ideas preliminares) sustentadas en el criterio que nos ha dado el estudio y la experiencia de este y otros casos.
La declaración lógica y a bote pronto de las autoridades es atribuirlo a los resultados en investigaciones hechas y aprehensiones de sujetos generadores de violencia en la Ciudad de México; hipótesis que no se debe descartar pero que no puede ser la única.
Debemos entender la dinámica de la delincuencia organizada en México, donde esta ciudad es parte básica de su desenvolvimiento. Dos aspectos importantes que considerar: la Ciudad de México es, y ha sido, el centro de las inversiones nacionales; la base de las reuniones y de los acuerdos entre los buenos y malos negocios, entre los empresarios honorables y los testaferros criminales. Basta analizar los atentados en zonas y restaurantes de prestigio para asegurar lo anterior.
Según el diario El Economista, hasta el 20 de mayo del presente año se han registrado 316 homicidios dolosos en la Ciudad de México; de éstos, aproximadamente el 79.1% fue cometido con arma de fuego, lo que equivale a cerca de 250 casos.
El segundo tema es el desenvolvimiento de la delincuencia organizada en la ciudad a partir del inicio del milenio; el año 2000 fija el origen del desorden criminal en convenios y acuerdos tácitos y expresos entre autoridades y criminales. Recordemos que estamos ante una tercera generación de criminales, que sus negocios ya han sido legitimados como empresas de variados giros y han entrado en la competencia empresarial con el modus operandi acostumbrado por ellos: la trampa, la vendetta, la concusión, la violencia y, si no, la extorsión y ejecución.
Los que hemos operado estos temas nos acostumbramos a esta escalada: “Primero te invito, luego te presiono, te amenazo y, si no cedes, te desaparezco”.
Con base en lo anterior, es muy probable que haya ignorancia e indiferencia en algunos acuerdos incumplidos entre dos partes, y no me refiero a las víctimas directas, sino a quien más le duele, le impacta y le aterra su muerte.
Inicialmente, con base en los análisis de criminalística de campo, tiempo, lugar y modo, sumado a la robusta tecnología con la que cuentan las áreas de inteligencia policial de la ciudad, cabría hacer algunos cuestionamientos: ¿la ejecución era para uno de ellos, los dos o el ultimado que no interesaba tenía que ser eliminado por un tema de oportunidad y necesidad?
Con base en lo anterior hay que argumentar los siguientes entornos de las víctimas:
- Personal.
- Familiar.
- Laboral.
- Económico.
- Social.
Si en algunos de esos entornos salta a la vista alguna inconsistencia del estatus de las víctimas, se tendría que seguir sobre ese entorno y generar múltiples líneas de investigación.
Así y sólo así se sabrá si fue por asuntos personales, por mandato de mensajes a alguien más que ha incumplido un acuerdo previo o, que dudo mucho el caso, como resultado de las aprehensiones hechas en los últimos meses, pues hay mejores e inclusive más vulnerables objetivos de gobierno que darían un mensaje directo en materia de seguridad pública.
