México está por dar un paso que amenaza con socavar uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la libertad de expresión. Bajo el argumento de modernizar el Estado y coordinar su infraestructura digital, el gobierno ha propuesto la creación de una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un organismo que, si se aprueba como está planteado, concentrará un poder sin precedentes en una sola persona: José Merino -su nombre completo es José Antonio Peña Merino-, actual titular de la Agencia Digital de Innovación Pública.

La iniciativa no es menor. Esta nueva agencia -cuya arquitectura legal está contenida en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por el Ejecutivo al Congreso- no sólo centraliza funciones que antes correspondían a distintos organismos, sino que elimina contrapesos y pone bajo una misma autoridad el control de plataformas tecnológicas, concesiones de radio y televisión, redes públicas, bases de datos biométricos y acceso a información estratégica del Estado.

El diseño institucional propuesto permite que una sola oficina -y, más grave aún, un solo funcionario- concentre la supervisión y el control sobre medios de comunicación, infraestructura digital y datos personales. En otras palabras, el gobierno podría decidir quién comunica, cómo comunica y con qué tecnología lo hace.

No se trata de una advertencia alarmista. Diversos especialistas y organizaciones han calificado esta reforma como una “ley mordaza” que, bajo la justificación de eficiencia administrativa y soberanía digital, abre la puerta a la censura, al espionaje y al silenciamiento de voces críticas.

La ley elimina en los hechos al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano autónomo garante, debilitando su capacidad reguladora. También amenaza la autonomía de medios públicos, y diluye los límites entre los datos privados de los ciudadanos y el interés del Estado en controlarlos.

La pregunta que muchos se hacen es evidente: ¿por qué otorgar tanto poder a una sola persona? ¿Y por qué hacerlo en un país con una larga tradición de gobiernos autoritarios que buscaron controlar la prensa, los medios y la opinión pública desde el poder?

La figura de José Merino, aunque revestida de un perfil técnico, no disipa las dudas. Por el contrario, su cercanía con el grupo político que hoy gobierna y su protagonismo como arquitecto digital de la Ciudad de México lo colocan en el centro de un experimento que podría derivar en el control absoluto del espacio digital, informativo y mediático del país.

En nombre de la transformación, esta iniciativa amenaza con desmontar los avances que México había logrado en materia de transparencia, autonomía regulatoria y derechos digitales. Si prospera, estaremos más cerca de modelos como el chino que del ideal democrático que tanto se presume en los discursos oficiales.

Es cierto que el Estado necesita adaptarse al mundo digital, mejorar su infraestructura tecnológica y coordinar sus esfuerzos. Pero eso no justifica atropellar los principios básicos del pluralismo, la privacidad y la libertad. Una cosa es gobernar con datos; otra, muy distinta, es gobernar desde los datos y contra los ciudadanos.

Los medios, las organizaciones civiles, los usuarios y los legisladores tienen la responsabilidad de detener esta deriva autoritaria antes de que sea demasiado tarde.

Porque no se trata de un asunto técnico ni de eficiencia administrativa. Se trata de preservar el derecho a disentir, a informar y a ser informados sin temor.

Una democracia que entrega las llaves del ecosistema digital y mediático a una sola oficina está firmando su propio certificado de retroceso. Claudia Sheinbaum aún tiene tiempo para escuchar, corregir y detener esta embestida. Si no lo hace, su presidencia no sólo será recordada como la primera encabezada por una mujer, sino también como la que reinstauró el control centralista sobre la voz pública.