Empezaba mi gestión como jefe general de la Policía de Investigación, para ser exactos, en diciembre del año 2018. A la entonces titular del gobierno local le preocupaban dos temas: la reconstrucción de la policía encargada de investigar los delitos y la atención inmediata a los crímenes más violentos, la privación de la vida entre ellos.

Conforme pasaron los días, semanas y meses, mediante una visión estratégica del encargo nos percatamos que era necesario y urgente atender el delito de extorsión; determinamos que gran parte de la descomposición policial venía, y viene, de la infiltración criminal y permisividad de este delito. Peor aún, muchas de ellas no atendidas o mal manejadas terminaban en homicidios.

Se le hizo el planteamiento a la hasta entonces procuradora y nos allegamos de dos asesorías internacionales de gran valía: la agregaduría de policía francesa para iniciar la construcción de las hoy llamadas Unidades Criminalísticas de Proximidad y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), bajo el liderazgo de un experto italiano en temas extorsivos, Antonio de Leo.

El primer proyecto, en materia de homicidios, fue aprobado y materializado durante la gestión de la hoy Presidenta de México. El segundo, a mi juicio urgente, fue pospuesto por no determinar que tendría el impacto esperado.

Por mi oficina pasaban, en forma cotidiana, decenas de personas flageladas por este delito, desde locatarios hasta empresarios, sin olvidar profesionales y amas de casa, todos ellos extorsionados por dos grupos que llevaban el liderazgo criminal en la capital del país.

La corrupción interna, sumada a la falta de un programa integral en la materia, nos llevaba a investigar casos en forma aislada, inclusive con pequeños grupos de policías técnicos y leales pertenecientes a la Fiscalía Antisecuestro (FAS), lo que resultó en magros resultados por la dimensión del fenómeno y la descomposición institucional mencionada; en el mejor de los casos, llevaba a consignaciones pobremente integradas o manipuladas en búsqueda de libertades inmediatas, con el saldo de lo que esto significa: un delincuente liberado contra su denunciante, aumento exponencial de la extorsión o, peor aún, un secuestro y homicidio por venganza.

La insistencia de un Programa Integral Antiextorsión que se conformara en cumplimiento de las funciones de seguridad pública consagradas en la Constitución (prevención, investigación, persecución y reinserción social), sumando a todos los actores sociales, políticos, empresariales y religiosos en una gran cruzada en combate a este flagelo, se quedó en el tintero.

Siete años después veo con agrado que se retoma un tema por demás urgente e importante que, de contenerse el delito, impactará en otros tipos penales de gran relevancia, como el secuestro y el homicidio.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada en el presente mes está conformada por una serie de medidas legislativas y ejecutivas que cito a continuación:
Creación de unidades antiextorsión locales; activación del número 089 exclusivo para denuncias anónimas, intervención de cuentas vinculadas a redes extorsivas, bloqueo de líneas usadas en centros penitenciarios y capacitación con campañas preventivas a personal vulnerable.

Una de las medidas innovadoras de este plan es la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, que dejará sin recursos al eventual criminal, lo que conlleva a la privación del goce y disfrute de recursos ilegalmente adquiridos y, mejor aún, a no invertir en otros negocios criminales.

Lo que no se alcanza a percibir en la presente estrategia es la cruzada, el cierre de filas y el convencimiento pleno de todas las organizaciones civiles para aportar y organizar un movimiento nacional contra este grave delito.