El pleno de la Cámara de Diputados aprobará esta semana la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, a las cuales se les harán cambios, luego de una semana de protestas de agricultores en diferentes partes del país.

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Se prevé que la discusión sea intensa entre miércoles y jueves, pues se prevén alrededor de 50 cambios a la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca garantizar derechos, sobre todo a pequeños y medianos productores del campo.

El coordinador de los diputados de Morena, quien recibió a decenas de campesinos, aseguró que trabaja de manera coordinada con el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, para adecuar el dictamen que se aprobará esta semana en comisiones el miércoles y el jueves en el pleno.

Sin embargo, aclaró que se establecerá que no puede haber acaparamiento del agua, uso indebido, que no se venda, que no se destine a fines distintos a los que la concesión se refiere y que no haya impunidad.

Las modificaciones que se consensuaron buscan dar certeza jurídica, atender demandas campesinas y ambientalistas, y modernizar el marco institucional de gestión hídrica. Los cambios buscan equilibrar el derecho humano al agua con la seguridad alimentaria, la protección ambiental y la eficiencia administrativa.

Entre los ajustes más relevantes se encuentra la reubicación de la definición de reasignación y la creación del concepto de uso agropecuario familiar, que reconoce actividades agrícolas y pecuarias destinadas al sostenimiento de las familias. Asimismo, se eliminó la referencia a la seguridad hídrica como mecanismo de reducción de volúmenes, para evitar confusiones en la aplicación de la norma.

Los Organismos de Cuenca mantienen la facultad de expedir títulos de concesión y permisos, además de resolver trámites relacionados con la reasignación de volúmenes de agua.

Asimismo, se crea el Registro Público Nacional del Agua, con la obligación de inscribir padrones de núcleos agrarios y sistemas comunitarios de agua. También se precisó la creación de un fondo de reserva de aguas nacionales, delimitando los volúmenes que lo integran y su distribución, con el objetivo de asegurar disponibilidad a largo plazo y atender usos estratégicos.

Además, se redefinen los llamados delitos hídricos como delitos contra las aguas nacionales, estableciendo proporcionalidad en las penas, especialmente en casos de robo de agua. Se redujeron multas menores para privilegiar la responsabilidad antes que la penalización excesiva, aunque se mantienen sanciones severas en casos de reincidencia.

El dictamen también atiende demandas de grupos ambientalistas al mantener la prohibición de disposición de residuos mineros en cauces federales y al incluir medidas de reparación por daños ambientales. En paralelo, se promueve la captación de agua pluvial para uso personal, doméstico y agropecuario familiar, fortaleciendo la autosuficiencia y reduciendo la presión sobre fuentes tradicionales.

VAN VAPEADORES

También esta semana se aprobará la reforma a la Ley General de Salud para establecer la prohibición total de la fabricación, importación, distribución, venta y promoción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos.

Se imponen sanciones penales de 1 a 8 años de prisión para quienes comercialicen estos productos y multas económicas que van de 100 a 2 mil UMAs, esto es entre 11 mil y 226 mil pesos.

Se harán modificaciones para dejar establecido que habrá un enfoque en comercialización, no en uso personal, por lo que no se penaliza la posesión o uso personal, sino la producción y venta, pero las personas sorprendidas portando un dispositivo deberán informar sobre su procedencia.