La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para castigar con hasta ocho años de cárcel a quienes compren, vendan o almacenen vapeadores y cigarrillos electrónicos.

La propuesta busca armonizar la Ley General de Salud con la reforma constitucional publicada en enero pasado, impulsada originalmente por López Obrador, que prohíbe la producción, distribución y venta de estos dispositivos.

En el papel, el proyecto busca proteger la salud pública, especialmente de los menores. Las autoridades citan estudios que alertan sobre riesgos respiratorios, adicción a la nicotina y la creciente popularidad de los dispositivos entre adolescentes. ¿Pero qué dice la realidad?

ESPEJO INTERNACIONAL

México no es el primer país en apostar por la prohibición absoluta. Singapur vetó los vapeadores desde 2018. Aun así, en 2023 las infracciones por posesión crecieron 58%. India también prohibió su venta en 2019, pero el mercado negro floreció. En Tailandia, la penalización del vapeo desde 2014 derivó en algo más perverso: extorsiones a turistas por parte de policías locales.

En el extremo contrario, el Reino Unido y Nueva Zelanda han optado por un enfoque de reducción de daños: permiten el uso regulado de vapeadores en adultos como alternativa al cigarro, pero al mismo tiempo han restringido sabores, empaques llamativos y la venta de desechables de un solo uso para reducir su atractivo entre menores.

La evidencia internacional muestra que las prohibiciones totales rara vez erradican el consumo. Lo que sí logran es mover el mercado hacia la clandestinidad y dificultar la supervisión sanitaria.

EL RIESGO MEXICANO

México ya probó este camino. Tras el decreto presidencial de 2022, la venta legal de vapeadores se desplomó, pero el consumo no. Los dispositivos pasaron a manos del mercado negro, controlado en parte por redes criminales. Comerciantes legales denunciaron que cárteles comenzaron a monopolizar la distribución clandestina, generando una nueva fuente de ingresos ilícitos.

Además de financiar al crimen, la prohibición incrementa los riesgos sanitarios: los usuarios adquieren productos de procedencia dudosa, con líquidos adulterados y sin control de calidad. Paradójicamente, lo que se presenta como política de salud expone a los consumidores a daños aún mayores.

Otro problema es el social. Convertir el vapeo en un delito abre la puerta a la extorsión de jóvenes y estudiantes. Ya se han documentado casos de policías que decomisaban dispositivos y exigían sobornos a cambio de no levantar cargos. Con la nueva ley, que prevé cárcel, el margen de abuso sería mayor.

DEBATE NECESARIO

El debate sobre los vapeadores toca fibras sensibles: salud pública, seguridad y libertades individuales. Pero reducirlo a cárcel o prohibición es un error. La experiencia muestra que los mercados negros prosperan donde el Estado renuncia a regular.

¿Qué hacer? Otros países dan pistas: regular en lugar de prohibir, con estándares de calidad y permisos de venta. Restringir sabores y empaques atractivos para adolescentes. Aumentar impuestos a estos productos y destinarlos a programas de salud. Invertir en educación para ayudar a los jóvenes a dejar este producto y la nicotina.

La iniciativa de Sheinbaum ya está en la cancha del Congreso. Lamentablemente, una mayoría oficialista difícilmente se atreverá a discutir más allá del marco constitucional y enfrentar el dilema real: ¿una prohibición total funciona en la práctica o abre más problemas de los que pretende resolver?

EL DATO INCÓMODO

En agosto se perdieron 200 mil 835 empleos, según el Inegi. El golpe lo llevó el sector formal, que perdió 401 mil plazas, mientras el informal creció en 201 mil. Agro, construcción e industria son los principales afectados. ¿Efecto Trump, inseguridad o incertidumbre económica?