Estaba revisando varios índices globales de riesgo para los siguientes años, específicamente la Agenda 2030. Me llamaba la atención, y ahora lo entiendo, que el cambio climático estuviera entre las tres primeras posiciones, y en algunos casos como el de mayor riesgo. Será por mi formación o por lo que he vivido a lo largo de 38 años en relacionarme con la seguridad y, especialmente, en la prevención, investigación y persecución del crimen, que pensaría que la inseguridad en general y la delincuencia organizada en particular ocuparían los primeros lugares. Sin embargo, en algunos casos aparece al final de la lista y en otros no es considerada.
México y los mexicanos no deberían padecer de desconocimiento e ignorancia en temas relacionados con fenómenos naturales, puesto que desde 1985, cuando un sismo sacudió la Ciudad de México, dejando un número importante de pérdidas humanas y materiales, no hemos dejado de padecer el impacto de éste y otros fenómenos como huracanes, lluvias torrenciales, sequías, inundaciones e incendios, por no mencionar la última pandemia que nos suspendió la vida por un par de años.
Me pregunto, ¿qué es más grave para México, el impacto de los 20 grupos delictivos que han azotado al país por cerca de 25 años o estos cambios climáticos, que empezarán a desgastar nuestra tierra, nuestros montes, alborotar nuestros mares para dejar no sólo decenas de muertos, sino también miles de damnificados que tendrán que volver a empezar su precaria carrera por la vida?
La respuesta lógica sería que ambos fenómenos, unos naturales y el otro socio organizativo, pues son diferentes y no habría lugar para la comparación, sin olvidar que los dos afectan la vida, integridad y patrimonio de los mexicanos.
Sin embargo, si el lector me lo permite, le dejaría unos conceptos para su reflexión basado en las siguientes afirmaciones. El poder nacional está considerado en seis campos (económico, político, social, diplomático, militar y tecnológico), que representan el mantenimiento de la continuidad como país, población y territorio; el Estado gobierno tiene la obligación de proteger la vida, integridad, patrimonio y desarrollo de su población haciendo uso de todo el poder nacional a su alcance.
El cambio climático y la delincuencia organizada, si bien son fenómenos muy distintos, no son tan distantes en cuanto a la afectación de más de tres poderes nacionales, ya que se percibe claramente la amenaza, vulnerabilidad ante ellas y el riesgo que determinan por su impacto y frecuencia. Debemos considerar, además, que uno de estos fenómenos es prevenible (delincuencia organizada) y el otro es predecible (fenómenos naturales por cambio climático), por lo que la actuación del gobierno debe estar presente y vigente; ambos fenómenos, por su impacto (alto grado de destrucción y afectación a los campos del poder nacional) y frecuencia (una cotidiana, el otro cada día más recurrente), representan una amenaza a la seguridad interior.
En términos generales y para nuestro país, ambos fenómenos deberían ocupar las primeras posiciones en la agenda nacional de riesgos, y así como se está enfrentando a la delincuencia organizada con todo el poder del Estado, de igual manera sería importante y no menos urgente crear las instituciones necesarias en los tres órdenes de gobierno para prepararse antes, actuar durante y restablecer a la población después de un impacto de alguno de estos fenómenos naturales.
Parece que ambas amenazas han llegado para permanecer, y aunque la delincuencia organizada, se dice, se puede extinguir, la otra, el cambio climático, tendremos que acostumbrarnos a vivir y convivir con ella.
