AIDA RAMÍREZ

Foto: ARCHIVO

Tras la aprobación el pasado viernes por la Cámara de Diputados, de la propuesta de egresos para 2023, el sector privado confirmó su preocupación en cuanto la sostenibilidad de los ingresos recurrentes de recursos del sector público; pero también, subrayó que se anticipa que la deuda pública aumentará en 1.3 billones de pesos en el 2023 y su saldo alcanzará 15.5 billones al final de ese año. Y será 47 por ciento mayor a la de 2018.

Además, en su análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), establece que subsiste el riesgo de insuficiencia de los ingresos fiscales en algún momento en el futuro próximo, por lo que el gobierno tendría que incurrir en mayor deuda pública, “que es ya muy elevada” o reducir gasto público, “lo que muy probablemente no ocurriría en los programas insignia de la administración”.

Indicó que en el dictamen aprobado el pasado viernes, la asignación de recursos del presupuesto fue ligeramente modificada respecto a los proyectos del Ejecutivo y de las entidades autónomas.

Observó que si bien las reasignaciones respecto a los proyectos de gasto no ponen en riesgo el balance general -aprobado previamente en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF)- “sí privilegian nuevamente a los programas prioritarios para la administración. Especialmente a los que son activos políticos importantes, con vistas a la contienda electoral del 2024”.

Insistió que los proyectos de inversión favoritos de la administración no cuentan con evidencia de rentabilidad social y los programas privilegiados de gasto corriente carecen de incentivos para la movilidad social y para combatir la preservación de la pobreza.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado se reasignaron seis mil 438 millones de pesos, en recortes de los proyectos de los ramos autónomos, para dirigirlos casi en su totalidad, esto es, seis mil 432 millones de pesos al gasto de la Secretaría del Bienestar, que aloja los principales programas de transferencias directas de recursos a la población.

El organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aun cuando el discurso oficial afirma continuamente que la responsabilidad y salud de las finanzas públicas es robusta. “es pertinente subrayar el riesgo inminente de que, con la aprobación del paquete económico -de la LIF y el PEF- las finanzas públicas se encaminan hacia la insostenibilidad”.

Por lo que observó, ello implica que, aunque se argumente que en la fotografía del presente las finanzas públicas parezcan saludables, desde un punto de vista dinámico, en el tiempo, no lo sean.