Los abogados de tres víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra las constructoras del tramo donde sucedió el accidente y contra quienes resulten responsables, pues la Auditoría Superior de la Federación ya había detectado irregularidades precisamente en ese tramo.

En conferencia de prensa y ante los cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguraron que su trabajo será pro bono, es decir, sin cargo para las víctimas y llamaron a más víctimas a sumarse a esta demanda.

A las puertas de la FGR, Adrián Arellano, integrante del despacho Vega McGregor Arellano, subrayó que le corresponde a la Fiscalía establecer los montos y modalidades para hacer efectiva la reparación del daño y que serán las autoridades las que determinarán las sanciones.

Asimismo, precisó que la denuncia es por lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones contra las empresas Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, que son las que han sido identificadas hasta el momento por documentos públicos.

Las víctimas que presentaron la denuncia son Juan Manuel, Flor y Alexis Iglesias, una familia misionera originaria de Ciudad Juárez, que se dirigían a Oaxaca para llevar ayuda humanitaria.

El litigante insistió en que la familia no busca ningún beneficio económico, sino que se haga justicia y se atienda adecuadamente a las víctimas, por lo que convocó a abogados y despachos interesados en sumarse, a través de barras y colegios, para brindar asesoría jurídica a todas las víctimas de esta tragedia.

Precisó que las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación detectaron irregularidades en este transporte ferroviario desde 2019, incluyendo cambios de materiales, obras incumplidas, sobre costos y otros más, precisamente en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento.

El representante legal dejó en claro que esta denuncia no pretende obstaculizar la carpeta que ya inició la FGR, sino ser coadyuvantes y precisó que ninguna autoridad se ha comunicado con ellos.

A su vez, Juan Iglesias, el padre de familia afectado, precisó que busca justicia y sancionar a los funcionarios que omitieron cumplir con su trabajo y que, supuestamente, incurrieron en actos de corrupción y denunció que los hospitales en los que están siendo atendidos los heridos están llenos de carencias y no se les está dando una atención adecuada.