“La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) es la historia de una estafa”. Con esa frase comienza un video que la presidenta Claudia Sheinbaum mostró este jueves durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

La voz femenina en off prosigue mientras se muestran imágenes del México de los años 90 del siglo pasado: “Es la historia de la red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial, y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos”.

El Fobaproa, se asegura, “surgió en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el fin de darle liquidez a los bancos recién privatizados para que, en caso de crisis y devaluaciones, entrar al rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente era un fideicomiso privado y administrado por el Banco de México, y tenía un precedente directo: en 1983 se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca), con más de 10 mil millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue Ernesto Zedillo. El Ficorca, como el Fobaproa, fue un instrumento para beneficiar a grandes empresarios que contribuyeron a las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al ascenso de la nueva élite de tecnócratas”.

El Ficorca, se detalla, “benefició a 209 empresas que pertenecían a los 30 grupos empresariales más poderosos, y en diciembre de 1994, tras el final trágico del sexenio de Salinas y ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, Zedillo, a su llegada a la Presidencia de la República, decidió devaluar el peso de manera discrecional, avisando sólo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros. Con ello provocó una súbita fuga de capitales, el aumento de las tasas de interés y la consecuente quiebra de millones de empresas y de mexicanos que no pudieron pagar sus deudas bancarias. La cartera vencida se disparó en 150% en sólo unos meses”.

El efecto fue tal, se argumenta, “que entre 1994 y 1996 la población en pobreza aumentó en más de 17 millones de personas, para sumar un total de 64 millones de personas en esta situación. Como consecuencia del llamado ‘error de diciembre’ (la devaluación mencionada), la moneda mexicana perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar en 1994 a 9.4 pesos por dólar en el año 2000”.

Bajo este contexto, el gobierno de Zedillo decidió endeudarse con 50 mil millones de dólares ante el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), elevando a 164 mil millones de dólares la deuda externa, cifra sin precedente en la historia del país. De hecho, Zedillo firmó una carta de intención con el FMI para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, elevar las tasas de interés de manera inusitada, lo que provocó la quiebra de cientos de miles de familias y generó el famoso ‘efecto tequila’ de la recesión económica mexicana”.

El único rescate aprobado desde el exterior y operado por el gobierno de Zedillo, se subraya, “fue a los grandes empresarios y a la banca en quiebra, que fue el antecedente para que grandes bancos extranjeros se quedaran con la banca mexicana. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, Zedillo ordenó comprar la deuda privada de bancos y empresas en forma de pagarés que se canalizaron al Fobaproa, equivalentes al 11% de toda la economía mexicana”.

En el verano de 1998, se recordó, “con el apoyo de los votos del Partido Acción Nacional (PAN) y del PRI en el Congreso, la administración de Zedillo convirtió esa deuda privada en pública, y el Fobaproa pasó a ser ya el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en beneficio directo de bancos como Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander, Serfín y Banpaís. De esta manera, la deuda original de 552 mil millones de pesos se convirtió en deuda pública. Al cierre del año 2000, esa deuda creció a 705 mil millones de pesos, y en 2023, más de dos décadas después, ascendía a un billón 96 mil 877.7 millones de pesos. Así, en un cuarto de siglo creció más de cien por ciento, aunque ya se habían pagado más de un billón 376 mil millones de pesos en bonos del IPAB”.

El video remata: “El Fobaproa es el saqueo más grande a las arcas mexicanas y un acto de corrupción que contó con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN en contubernio con grandes empresarios y políticos que se beneficiaron directamente de este proceso. No fue casual esta complicidad, pues entre los empresarios beneficiarios están varios políticos del PRI y el PAN, cuyas empresas se beneficiaron del Fobaproa, como Vicente Fox, Fernando Senderos Mestre, Fernando Canales Clariond, Eduardo Bours y Carlos Hank Rhon, que donó 25 millones de dólares a las campañas electorales del propio Zedillo y de Roberto Madrazo en 1994; o los casos más conocidos, de Carlos Cabal Peniche, Fernando Lankenau Rocha y Ángel Isidoro Rodríguez, así como grupos empresariales vinculados con Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez Daza, Claudio X. González Laporte, Agustín Legorreta, la familia Ballesteros, Valentín Díez Morodo, David Peñaloza, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino”.

El Fobaproa, agrega el video, “fue el modelo para otros rescates discrecionales, como el carretero de 1997, que costó más de 165 mil millones de pesos, o el azucarero de 27 ingenios, que implicó 30 mil mdp”.

En 2005, se aclara, “la Comisión Investigadora del Senado sobre Fobaproa-IPAB consideró a este mecanismo como un despojo en el que se detectaron operaciones irregulares por montos millonarios, por las que se presentaron denuncias por defraudación fiscal, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones y conflicto de intereses, fraude corporativo, uso de información privilegiada, y engaño y perjuicio a la nación”.

Incluso Carlos Salinas de Gortari, “exjefe de Zedillo y padre del neoliberalismo, calificó al Fobaproa, en su libro ‘La década perdida’, como una capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a extranjeros”.