*Dominan 7 grupos y operan al menos 160 células en 25 estados

*La quinta generación ha diversificado su accionar: controla robo de combustible, a transportistas, extorsión y secuestro

POR URBANO BARRERA

Primera de dos partes

El narcotráfico mexicano llegó antes que Colombia a su quinta generación. Hoy la pulverización o diversificación de pequeños grupos criminales supera a las bandas sudamericanas. Además, la demanda mexicana de cocaína ya no es con 4 o 5 cárteles, sino hasta con 20 o 30 diminutas y casi anónimas organizaciones.

Aunado a ello, estos pequeños grupos criminales pactan en forma directa con proveedores de precursores químicos en China, India y Tailandia, entre otras naciones asiáticas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), hoy es historia la primera generación del narcotráfico en México, representada por campesinos productores de mariguana y amapola en Sinaloa, como ‘Don Carlos’ Caro, las familias Fonseca, Carrillo, Beltrán, Leyva, Palma, Fuentes, Salazar, Payan, entre otras.

También la segunda generación encabezada por Miguel Félix  Gallardo, quien fue el encargado de diseñar y mantener el abanico de cárteles de la droga sin enfrentamientos y con cobijo de gobiernos emanados del PRI.

Correspondió a esta generación proveer de armas e implementos a la contrainsurgencia centroamericana financiada por Estados Unidos.

A la fecha, está superada también la tercera generación representada por los cinco grandes Cárteles: Sinaloa, Jalisco, Tijuana, Ciudad Juárez y Tamaulipas.

Son leyenda sus líderes, Marco Arturo, Alfredo, Héctor, Esaúl y Carlos Beltrán Leyva en Sinaloa y Pacífico.

Los hermanos Francisco Rafael, Francisco Javier, Alberto Benjamín, Ramón, Eduardo, Enedina Arellano Félix y hasta su hijo Luis Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” en Baja California.

Además, Amado, Vicente, Rodolfo, Alberto, José Cruz, Cipriano y Jorge Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez.

Lo mismo, Juan Nepomuceno Guerra, su sobrino Juan García Abrego y Osiel Cárdenas Guillén en Tamaulipas. Así como, Rafael y Miguel Ángel Caro Quintero y los hermanos Amezcua en Jalisco-Colima.

La cuarta generación fracturó todas las organizaciones y entró en severos enfrentamientos entre capos, dígase Joaquín Guzmán Loera, Ignacio Coronel, Heriberto Lazcano, Luis Valencia, Nazario Moreno, Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’, Edgar Valdez Villareal ‘La Barbie’ y  Sergio Villarrreal ‘El Grande’, entre otros.

 

Estrategia fallida

 

La historia fallida del combate al narcotráfico se escribió en 18 años de gobiernos del PAN y el PRI.

Felipe Calderón en su afán por dar un golpe espectacular “pateó el avispero” y alentó la pulverización de los cárteles, además de que los funcionarios de más alto nivel, como Genaro García Luna, entraron en complicidad con los capos, al reciclar prácticas nocivas que venía del sexenio de Vicente Fox.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto la política de Estado se enfocó a temas sociales y pactos políticos, pero la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, mostró que el narcotráfico estaba más activo que nunca.

A este hecho, se sumó el peor fracaso del sexenio de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, al permitir la creación de autodefensas en Michoacán y entrar en cris por el desastroso papel del ex procurador del Estado de México, Alfredo Castillo, quien no supo enfrentar a José Manuel Mireles que fue traicionado y relevado por Hipólito Mora

Ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta a un monstruo de mil cabezas y como alternativa desplegará 266 cuarteles con efectivos adiestrados en forma militar de la Guardia Nacional, para realizar operaciones quirúrgicas y refrendar la idea propagandística de ‘abrazos no balazos’.

 

Se fracciona el crimen

 

La Quinta generación nace con la pulverización o diversificación de los cárteles del narcotráfico en México. Esta ha fraccionado en cientos de pequeños grupos, pandillas y bandas al servicio de organizaciones mayores y hasta de los Cárteles tradicionales.

En esta dinámica el crimen organizado no ha podido mantenerse unido, sea por conflictos internos, disputas con rivales o arrestos de sus principales líderes.

El jurista y experto en estudios sobre crimen organizado en México, Alberto Woolrich, sostiene que cada centímetro del país está controlado por el crimen organizado y los gobiernos municipales, estatales y federal no han podido garantizar la seguridad en el país.

Para el doctor Emilio Vizarretea Rosales, la fragmentación de las bandas es un desafío para el actual gobierno y por ello la Guardia Nacional pretende establecer 266 cuarteles para poder incidir en la desarticulación de las bandas y pandillas ahora pulverizadas.

Estos grupos controlan robo, narcomenudeo, el mercado ilícito de hidrocarburos [robo de combustible y gas], de transportistas, tráfico de indocumentados, al grado de que se han convertido en un problema de seguridad nacional, refiere el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con consultoras privadas como Lantía Inteligencia o la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en 25 estados del país hay al menos 160 grupos criminales o regionales relevantes.

La primera crisis (2008-2012) se debió a disputas internas como en el caso de la bifurcación del Cártel de Sinaloa tras la separación de la facción de los hermanos Beltrán Leyva (2008), o la escisión (2007-2010) de Los Zetas de su histórica alianza con el Cártel del Golfo como brazo armado.

La segunda crisis (2014-2021) tuvo como detonante el surgimiento de grupos de autodefensa en Guerrero y Michoacán y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; y, consecuentemente, el incremento del despliegue de las Fuerzas Armadas.

Así, el abatimiento y captura de líderes de Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa devino en el fortalecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el surgimiento de nuevos grupos locales y regionales.

En esta nueva etapa, indicó, grupos criminales diversificaron sus actividades a nuevos mercados como el robo de combustible, a ferrocarril, a transportista y trata de personas, y se han atomizado en varias escisiones, algunas antagónicas entre sí o sin relación alguna con los liderazgos originales. Así, con el predominio de dos grandes grupos –CJNG y Sinaloa–, en 2021 operan en el país siete grandes organizaciones delictivas.

Son tantas las ramificaciones que los delincuentes operan en altamar, costas, lagunas y tienen a renta a pescadores de barcos camaroneros, a las cooperativas que captan y comercializan productos del mar, campesinos, transportistas y hasta vendedores de mercados y tianguis.

 

Nueva conformación

 

Ahora, en Ciudad Juárez y para el Cártel local opera La Línea que se armó con gatilleros y expolicías.

Apenas tomó control y fuerza, cobraría impuestos de paso al Cártel de Juárez y al de Sinaloa para que puedan mover su mercancía.

La Línea se dedica también al tráfico de drogas sintéticas, madera y al robo de vehículos en el estado de Chihuahua.

La violencia ejercida por La Línea afecta a los estados de Chihuahua y Sonora, donde el grupo se enfrenta a células asociadas al Cártel de Sinaloa como Gente Nueva y Los Salazar.

A La Línea se le imputa la masacre en noviembre de 2019, de nueve integrantes de las familias mormonas de Bavispe, Sonora.

Los Salazar, brazo armado del Cártel de Sinaloa son un clan familiar asociado al Cártel de Sinaloa y se dedican principalmente a la producción y transporte de heroína hacia Arizona.

Operan como brazo armado para defender los territorios de Sonora y Sinaloa en nombre del Cártel.

Los Salazar incursionaron en el narcotráfico en Sonora a principios de 1990, bajo el mando de Adán Salazar Zamorano –lugarteniente de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. No obstante, las autoridades comenzaron a prestarles más atención en 2005, ya que su violencia se volvió más visible.

Su influencia domina en los estados de Sonora y Chihuahua, donde su principal rival es La Línea. Recientemente también se han reportado disputas con Los Rusos, otra célula asociada al Cártel de Sinaloa, por el control de la plaza de Mexicali, en Baja California. Esta rivalidad es un ejemplo de que varias células –aún siendo parte de una misma organización– pueden enfrentarse por territorio.

La violencia y las amenazas asociadas a Los Salazar no solo han estado dirigidas a otros grupos criminales, sino también hacia periodistas y funcionarios de gobierno.

El grupo presuntamente es responsable del asesinato de la periodista Miroslava Breach en 2017 y la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005.

Por otro lado, luego de que un cabecilla de la organización fuera abatido en agosto de 2019, Los Salazar amenazaron a la gobernadora de Sonora por “no respetar acuerdos” con el grupo.