Quedan pocos días para que el periodo de sesiones finalice. Los legisladores meterán el acelerador para aprobar las reformas presentadas por el expresidente y otras que se han acumulado. Entre las más relevantes están: el Presupuesto de Egresos 2025, la Prohibición a vapeadores, las leyes secundarias de la Reforma Judicial y las cuotas a plataformas digitales.
La LXVI Legislatura ya ostenta un récord de aprobación de reformas constitucionales. Actualmente entraron en vigor: la reforma al Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, Pueblos indígenas, Sistema ferroviario y Empresas Públicas. También quedó aprobada la de Protección Animal, Programas del Bienestar a personas vulnerables, Vivienda y Ampliación de la Prisión Preventiva Oficiosa. Además, están casi aprobadas en congresos locales la Desaparición de Organismos Autónomos y Salario Mínimo.
En lo que resta de diciembre la discusión estará centrada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) -facultad exclusiva de los diputados-, la prohibición de vapeadores y las leyes del Poder Judicial de la Federación (PJF). En estos casos, a cada paso se cometieron errores. Por “error” se redujo el presupuesto a universidades, centros de investigación y cultura. Ahora los diputados “corregirán” con ajustes que significarán una mayor reducción a los recursos del Poder Judicial de la Federación (PJF), afectando la implementación de la Reforma Judicial, aunado a las reducciones presentadas a las secretarías de la Defensa Nacional (-43.8%), Medio Ambiente (-39.4), Seguridad (-36.2%) y Salud (-34%).
Los legisladores han prometido el dinero de los fideicomisos del PJF un sinnúmero de veces: para Acapulco, para Programas Sociales, para la elección de jueces, para Infraestructura, etc. Lo cierto es que esos recursos en su mayor parte pertenecen a los trabajadores que realizaron esas aportaciones, hacer uso de ellos significaría una expropiación a la mala. Este recorte se empalma con la aprobación exprés de las leyes secundarias del PJF: la ley orgánica, la ley de carrera judicial y la de responsabilidades administrativas. En estos casos se aprobaron artículos contrarios a otras leyes de aplicación general y que son jerárquicamente superiores.
El desdén por la técnica y el “buen derecho” queda de manifiesto con el récord de errores legislativos: lagunas normativas que nos dejan en incertidumbre, contradicción de plazos y nombramientos, eliminación de entes públicos al tiempo que son reconocidos en otras leyes, prometer dinero que no existe y elevar a rango constitucional un capricho personal (la prohibición de vapeadores). Se reforma lo reformado y se dice y desdice en las leyes aprobadas. Es tal la rapidez de expedirlas que nadie sabe al final como quedará su redacción oficial.
En el siguiente periodo de sesiones se tendrán que presentar reformas a las reformas para corregir las contradicciones. Ha quedado evidenciado que la mayor parte de los senadores y diputados no conocen lo que legislan y aprueban, pero sobre todo no escuchan. La presidencia de la República tampoco ha logrado frenar este vórtice de reformas. Con la Reforma Judicial, los jueces, magistrados y ministros dejaron de ser un contrapeso efectivo. Estamos en una novedosa e interesante etapa del torbellino legislativo, donde el Congreso mexicano determina la agenda y controla el ejercicio del poder.
Maestro en políticas públicas y profesor universitario.
@ManuGuadarrama