Cuando un algoritmo organiza la conversación pública, también moldea el clima electoral. No sólo selecciona qué se ve y en qué orden, sino qué se amplifica, qué se oculta y qué emociones circulan con mayor velocidad. En Francia, esa arquitectura invisible se ha convertido en el centro de una disputa judicial, política y epistemológica. La Fiscalía francesa abrió una investigación penal contra X –antes Twitter– por presunta manipulación algorítmica y extracción fraudulenta de datos, con posibles implicaciones en la interferencia electoral. El proceso, iniciado el 11 de julio, califica a la plataforma como parte de una “banda organizada”.

La formulación no es menor. Significa que el Estado francés sospecha de malas prácticas tecnológicas, si no de una operación estructurada destinada a alterar el ecosistema de información en contextos electorales. La acusación, por tanto, no va dirigida únicamente al código, sino al uso del código con fines políticos.

Las autoridades han exigido a X entregar acceso al algoritmo de recomendación y a datos en tiempo real sobre las publicaciones de sus usuarios. Lo que Francia busca es comprender cómo opera la herramienta que define la visibilidad del contenido. Y, sobre todo, verificar si ha sido manipulada para favorecer ciertos mensajes, voces o narrativas durante periodos electorales clave.

La respuesta de X ha sido frontal y defensiva. En un comunicado, difundido a través de su cuenta oficial de Global Government Affairs, la plataforma rechazó toda cooperación. Denunció que se trata de una investigación “motivada políticamente” que atenta contra el derecho al debido proceso, la privacidad de los usuarios y la libertad de expresión. Acusó directamente al parlamentario Éric Bothorel –quien lidera el proceso– de haber construido una narrativa infundada sobre interferencia extranjera.

Pero la empresa no se detuvo ahí. También cuestionó a dos de los expertos convocados por el Estado para revisar su algoritmo: David Chavalarias, director del Instituto de Sistemas Complejos de París (ISC-PIF), y Maziyar Panahi, ingeniero en inteligencia artificial del mismo centro. Chavalarias lidera una campaña pública llamada Escape X, que promueve activamente el abandono de la plataforma. Panahi ha trabajado con él en investigaciones críticas sobre los efectos de los algoritmos en la opinión pública. Para la empresa, esto compromete la imparcialidad del análisis. “La participación de estos individuos plantea serias dudas sobre la equidad y los motivos políticos de la investigación”, señaló la compañía.

En esencia, X denuncia que los términos de la revisión están viciados. Francia insiste en que la auditoría es válida. Pero en ambos casos, el centro de gravedad es, además de técnico, también político. La pregunta que se abre es si las plataformas globales deben rendir cuentas ante los gobiernos nacionales cuando existen sospechas de distorsión informativa durante ciclos electorales.

El caso expone el vacío normativo en el que operan las infraestructuras digitales del discurso público. X, como otras redes, ha reclamado su derecho a proteger el código como propiedad privada. Pero cuando ese código determina lo que millones de personas leen, creen o rechazan, el interés público entra en juego. Francia, en este contexto, no está actuando como censor, sino como autoridad que exige acceso a una caja negra que modela la política contemporánea.

La negativa de X plantea un escenario delicado. No sólo por el precedente legal, sino porque normaliza la idea de que las plataformas pueden resistirse a todo control institucional. La transparencia, en este contexto, se vuelve una promesa condicional: sólo se concede si quien observa es afín.

El clima electoral dejó de ser sólo de partidos, medios o ciudadanos, sino ahora también depende del algoritmo. Y mientras su funcionamiento siga siendo opaco, seguirá operando sin contrapesos.