La división de poderes es fijar competencias claras y contundentes bajo la seguridad de que las decisiones tomadas en el seno del Congreso representan las diferentes fracciones parlamentarias; que el Ejecutivo se alineará a esas decisiones legislativas para el buen gobierno y, en caso de controversia, sea un fiscal autónomo y el Poder Judicial quien las dirima en los diferentes tribunales bajo un procedimiento claro y procesos justos. Que se declare el derecho conforme a la norma y no por consigna. 

Cuando en un país desaparece la oposición o cuando está sumamente adelgazada y, peor aún, no escuchada por el partido en el poder, damos entrada a la legislación a modo, la ejecución arbitraria y la negación de la justicia; es decir, impunidad para aquellos ajenos al partido gobernante. Al no existir contrapesos en los poderes, principalmente en el Legislativo, los otros dos, más aún el Judicial, queda maniatado.

Esto último quedó comprobado con la elección del Poder Judicial que terminó por privilegiar al partido en el poder, personas en su mayoría sin preparación ni trayectoria en el ámbito de la impartición de justicia, pero perfectamente bien alineadas en las decisiones presidenciales. 

Para muestra sirva este caso que me encuentro atendiendo: 

Tengo la oportunidad de ser consultor de seguridad de un grupo empresarial muy robusto en materia agrícola. En una de sus unidades de negocio y previa investigación, decidieron rescindir el contrato de algunos trabajadores por conductas que pudieran acreditar delitos. Estos sujetos, representados por 11 trabajadores, acudieron al cobijo del sindicato para ser debidamente protegidos. Iniciaron ejerciendo presión en la toma de las instalaciones y en la privación de la libertad de algunos colaboradores. 

Se solicitó al Ejecutivo estatal el uso de la fuerza pública, sin resultados; la presencia de autoridades federales que garanticen el empleo a la mayoría de los trabajadores que permanecen sin ejercer ese derecho sin contestación alguna.  

El caso se perfila para dirimirse en las juntas de conciliación y arbitraje, así como en los juzgados civiles y penales. 

No hay que ser muy brillante para saber las consecuencias en que terminará la controversia. En el caso de que el juicio sea asignado a un juzgador del sistema, bastará una llamada o, inclusive, una actuación tácita en el sentido de gobierno y no de la justicia.

Los resultados serán desastrosos, no sólo en lo económico y reputacional para la compañía, sino en lo laboral para la mayoría de los trabajadores que solicitaron la remoción de estos sujetos que han causado grandes inconvenientes a la comunidad ejecutiva y laboral. 

Empoderar delincuentes bajo el pretexto de una simulada paz social generará impunidad y seguridad a los rijosos para repetir cuantas veces deseen esta toma de instalaciones, que terminarán por generar un ambiente laboral poco productivo y nocivo para el resto. 

No olvidemos que el campo del poder nacional económico, que mueve la productividad y la generación de empleos, se puede ver afectado. ¿Qué empresario se entusiasmará a crear negocios en este ambiente? ¿Qué compañías globales se animarán a traer sus capitales?  

Toda persona, organización y compañía requiere de certeza jurídica para invertir, que se traduce en la aplicación del derecho, que aun, sabedores algunas de las partes que si bien no les asiste la razón, estarán sometidas a un juicio aseado y a una sentencia justa e imparcial. 

Se vienen tiempos difíciles. Espero equivocarme y ver un Poder Judicial electo bajo la representatividad óptima de sus integrantes, con decisiones justas y legítimas; de otra forma, lo peor estará por venir en este ambiente de cuarta transformación, donde aún no tenemos quién nos defienda.