El gobierno de Claudia Sheinbaum avanza en la creación del nuevo registro nacional de usuarios de telefonía móvil, incluido en la Ley de Telecomunicaciones aprobada en 2025.

Las nuevas reglas obligan a las compañías telefónicas a registrar la identidad de cada línea activa del país. La justificación es la misma que en el pasado, combatir fraudes y extorsiones, pero el diseño financiero es distinto. Esta vez el gobierno no pondrá un peso.

ANTECEDENTES

El padrón no es una idea original. En 2009, el gobierno de Felipe Calderón implementó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut). Fracasó. No redujo los delitos y los datos de millones de usuarios terminaron en el mercado negro.

En 2021, el gobierno de López Obrador intentó instaurar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), pero la Suprema Corte lo declaró inconstitucional por violar derechos fundamentales.

La nueva versión de Sheinbaum revive el esquema con un cambio. Ahora el Estado deja de financiar la operación y traslada todo el costo a los concesionarios, es decir, a Telcel, AT&T, Movistar, Altán y los operadores móviles virtuales.

EL PRECIO

El proyecto tendrá un costo superior a 4 mil millones de pesos, según Expansión y Xataka. Sólo el proceso de verificación de identidad y biométricos, base del registro, costará tres veces lo calculado para el Panaut de 2021.

Para el gobierno federal, el padrón “no generará gasto público”. Pero en realidad se financiará con dinero privado que terminará saliendo del mismo lugar: los usuarios.

Especialistas en regulación de telecomunicaciones advierten que las empresas “buscarán recuperar la inversión, y eso se reflejará en las tarifas”. Eso implicará que el padrón provoque aumentos en los precios de los planes, reducción de datos incluidos o menor vigencia de las recargas.

Los operadores grandes podrían absorber el golpe temporalmente. Los pequeños no. El resultado será el mismo, un mayor costo por conectarse.

COSTO INEVITABLE

El gobierno federal sabía que este desenlace era inevitable. Desde que Sheinbaum presentó su proyecto de Ley de Telecomunicaciones, organizaciones civiles y académicos alertaron que trasladar la carga financiera a las compañías derivaría en tarifas más altas.

Sí, el diseño del padrón evita gasto público, pero crea un gasto ciudadano. Es una forma de financiar una política pública sin aprobar un nuevo impuesto. En los hechos, los mexicanos pagarán por un registro que no pidieron y que ya fracasó dos veces.

MÁS GOLPES AL BOLSILLO

El padrón no es el único incremento que viene. La Miscelánea Fiscal 2026 recién aprobada elevó el IEPS a refrescos, cigarros y bebidas light. El impuesto a las bebidas azucaradas subirá de 1.65 a 3.08 pesos por litro, y el tabaco alcanzará una tasa de 200%.

En salud, el gasto de bolsillo de las familias creció 41% entre 2018 y 2024, pese a programas como IMSS-Bienestar. Cada vez más mexicanos pagan de su bolsa consultas, medicinas y tratamientos que antes cubría el Estado.

El gobierno dice que no creará nuevos impuestos, pero aumenta los que existen y genera costos indirectos para los mexicanos. El padrón telefónico no se cobrará en el presupuesto público, sino en la factura de tu celular.

Y todo, una vez más, en nombre de la seguridad.

EL DATO INCÓMODO

Pese al discurso oficial, el Presupuesto 2026 sí recorta a las universidades. Universidades públicas pidieron un aumento del 5% (12 mil 100 millones), pero apenas lograron 4 mil 714 millones. Además, alertan que hay un déficit acumulado que ya supera los 50 mil millones de pesos.