Desde el inicio del presente periodo de gobierno, específicamente el 1º de octubre del año 2024, la Presidenta de México se inaugura con un gran despliegue de fuerzas federales en el estado de Sinaloa.
Su estrategia: un mayor control territorial urbano con presencia constante en carreteras y operativos focalizados contra los ya famosos generadores de violencia.

Se han montado bases permanentes en municipios donde se presume la existencia y mayor operación de delincuencia organizada como Culiacán, Navolato, Badiraguato y Mazatlán.

Intervienen de forma permanente Defensa, Marina, Guardia Nacional y FGR; independientemente de la fiscalía del estado, policía estatal y municipales. Esto significa que solamente en fuerzas federales hay cerca de 8 mil elementos desplegados en la entidad para la búsqueda, localización, identificación y aprehensión de 15 mil personas directamente relacionadas con las actividades criminales.

Esto ha arrojado cerca de 2 mil detenciones, 4 mil armas aseguradas y más de 100 toneladas de droga incautadas en cientos de operativos conjuntos.

Sumado a lo anterior, se ha extraditado a los Estados Unidos a 92 criminales de alto perfil, 25 de ellos directamente ligados al Cártel de Sinaloa.

En un análisis simplista y precario, significaría que hay un elemento federal por cada dos delincuentes buscados. El puro despliegue de fuerzas federales debería dar como resultado un desmantelamiento casi inmediato de zonas de operación, así como de control y confort criminal; más aún, dicho por la Presidenta, con el aumento de las capacidades en inteligencia e investigación, así como la plena coordinación de la fuerza de los tres órdenes de gobierno bajo un gabinete integrado de seguridad y una Guardia Nacional consolidada.

¿Qué ha sucedido? Lo que muchos de nosotros sabemos y hemos señalado hace décadas en diferentes foros: la sumatoria de la ineficiencia y corrupción, que lleva como resultado impunidad, altos niveles de inseguridad y violencia.

Por torpeza o complicidad, el gobierno federal pensó que los 92 extraditados “no contarían la historia” que, dicho sea de paso, tienen en su poder información de más de 50 años de trayectoria operativa-criminal del narcotráfico en México, desde un Caro Quintero o un Mayo Zambada con medio siglo ejerciendo la profesión criminal, hasta jóvenes que no rebasan los 40 años, como es el caso de Jorge Iván Gastelum Ávila, jefe de sicarios y operador muy cercano al Chapo.

Estos delincuentes, en un año y medio de sexenio, se han dedicado a ubicar tiempos, lugares y modos de los delitos, delincuentes y delincuencia, tanto en el ámbito social, empresarial y, por supuesto, el político.

El gobierno federal nunca pensó “darse un balazo en el pie” con estas “entregas controladas”, producto de la presión norteamericana a México. Pensaban, y lo siguen haciendo, que la delincuencia organizada estaba en todos los sectores menos en el que protegen: el campo del poder político nacional.

¿Por qué a ellos no?, si está comprobado que la delincuencia organizada es inoperante en un país sin colusión de las altas esferas políticas, es decir, presidencias, gubernaturas, representaciones legislativas y, por supuesto, fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno.

El hecho que el gobernador de Sinaloa haya sido señalado por el principal socio comercial de México, a quienes hemos depositado toda la confianza bilateral, hace pensar en una grave simulación de combate a la delincuencia en ese estado.

¿Cómo es posible que el gabinete de seguridad no supiera, tuviera pruebas y actuara?
Señora Presidenta, también los mexicanos estamos cansados de un gobierno como el que usted describe.

¿Por qué sigue impune la clase política mexicana?