La escena fue incómoda. El lunes por la mañana, una reportera le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la investigación de Aristegui Noticias, conocida como Televisa Leaks. El tema: cómo desde las oficinas de Televisa se operaban campañas sucias, con ayuda de servidores públicos de la Suprema Corte, para beneficiar a Arturo Zaldívar. La respuesta de Sheinbaum fue una sola, repetida ocho veces: “Ya lo aclaró“. Así, como juez y parte. Sin preguntas, sin investigación.
UNA ESTRELLA MÁS
Zaldívar no es un personaje menor. Presidió la Suprema Corte, presidió la Judicatura, hoy lidera la Coordinación de Política y Gobierno respondiendo directamente a la Presidenta. También fue parte del comité que validó más de la tercera parte de los candidatos a jueces, magistrados y ministros que competirán en la elección judicial del 1 de junio. Y justo cuando aparece su nombre en un escándalo de manipulación mediática, el gobierno decide callar.
Según Aristegui Noticias, dos dictaminadores de la Suprema Corte, Francisco Rullán y Mariana Franco, trabajaban en las oficinas de Televisa Chapultepec. Sí, ahí tenían su lugar. Tenían correo institucional de la televisora, lugar asignado, chats internos y jefatura directa de Javier Tejado Dondé, presunto encargado del equipo clandestino conocido como Palomar.
Ese equipo operaba campañas negras, distorsionaba audios y videos, fabricaba guiones y atacaba a críticos del gobierno o de la televisora. Todo eso con personal pagado por el Poder Judicial. Mientras tanto, según el reportaje, su jefe oficial, César Castillejos, firmaba el contrato millonario con Metrics to Index, la empresa que ejecutaba la guerra sucia.
CAMPAÑAS PAGADAS
Zaldívar se benefició. Aristegui Noticias documentó cómo desde 2017 se diseñó su estrategia digital para ganar la presidencia de la Corte. Se atacó con bots a otros ministros, como Pérez Dayán u Ortiz Mena. Se difundieron campañas, se fabricaron videos. Todo desde el llamado Palomar.
Luego vinieron los contratos. Uno por 47 millones de pesos con Metrics para “monitoreo digital”. Otro por casi 15 millones, para la serie documental Caníbal, indignación total, financiada por la Corte… pero cuyos derechos no quedaron en manos del Poder Judicial, sino en poder de Tejado Dondé, según la investigación.
Aristegui reveló que páginas como Conspiracción, Monitor Nacional o Todos somos Morena no eran espontáneas: eran parte del aparato que impulsaba a Zaldívar y golpeaba a sus críticos. Un esquema de propaganda digital con dinero público y cobertura privada.
DOBLE VARA
Aquí es donde todo adquiere otro tono. Porque estamos frente al mismo movimiento político que impulsó el endurecimiento de la prisión preventiva oficiosa. Que le impide a los jueces aplicar otras medidas cautelares. Que prefiere mantener a miles de personas encarceladas sin juicio. Pero que defiende la presunción de inocencia de sus operadores y aliados.
Zaldívar fue juzgador. Luego fue vocero de sí mismo. Hoy es operador político e impulsor de un importante número de candidatos a jueces. ¿De verdad no se necesita una investigación?
La investigación de Aristegui Noticias tiene todo: nombres, documentos, chats, contratos, pagos, correos y archivos. Son 5 terabytes de evidencia. Lo único que falta es una carpeta de investigación. A cambio, tenemos sólo una frase repetida ocho veces: “Ya lo aclaró“.
DATO INCÓMODO
En los primeros meses del 2025, el gobierno de Delfina Gómez recortó 924 millones de pesos del presupuesto estatal. La Secretaría de Educación perdió 535.6 millones, y la del Agua, 45.4 millones. ¿Y el lema de “primero los pobres“? Fueron lo primero que recortaron.
