En nuestro régimen político y constitucional, la función fiscalizadora del Congreso tiene largo recorrido. El primer antecedente de un órgano revisor del erario data de 1605 cuando se fundaron los Tribunales de Cuentas en América, uno de los cuales se estableció en México. Esto fue mucho antes que Montesquieu en El Espíritu de las Leyes de 1748 defendiera que el poder debe ser controlado por el poder.
La vigilancia de la acción gubernamental es una labor esencial de cualquier Parlamento en un Estado constitucional, no sólo por la importancia de la división de poderes y el equilibrio entre ellos, sino por los contrapesos necesarios para contener el ejercicio irresponsable de la gestión pública. En casi todo el mundo la fiscalización es indisoluble del papel del Congreso. El Estado moderno se fundó bajo esa lógica.
Desde la Colonia, se contaba ya con antecedentes sobre el examen de los ingresos públicos. Y la generación de insurgentes y criollos que luchó por emanciparse de la Colonia, decidió continuar con ese legado. Hace 200 años, el 16 de noviembre de 1824 el Congreso Constituyente estableció la Contaduría Mayor de Hacienda que fue disuelta y reactivada media docena de veces durante el convulso Siglo XIX.
La Contaduría se ganó el respeto y reconocimiento durante sucesivos cambios de gobierno y logró superar la inestabilidad vivida durante la Revolución. En la clase política y en amplios sectores existía la certeza de que su función era indispensable en la vida republicana y como contrapeso al Poder Ejecutivo aun cuando existía un régimen de partido único.
La Contaduría tuvo una dilatada trayectoria hasta 1999, cuando la entonces legislatura que tuvo una mayoría parlamentaria opositora, reconfiguró el papel del ente responsable de verificar y examinar el ejercicio del gasto público en el país. En enero próximo, se cumplen 25 años de la entrada en vigor de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, denominada Auditoría un año después.
Con dos siglos de historia a cuestas, esta institución es heredera de una solidez institucional y vasta experiencia en un ámbito primordial para la vida democrática de nuestra sociedad, específicamente la supervisión y evaluación del gasto en los tres órdenes de gobierno, de su desempeño y la evaluación de sus políticas y programas.
He podido atestiguar de primera mano la relevancia de la función fiscalizadora y de su contribución a la rendición de cuentas. México cuenta con un sólido cuerpo de especialistas dotados de un amplio conocimiento en labores de auditoría. En el marco del bicentenario de la fiscalización en el país, su evolución es encomiable.
La Auditoría Superior de la Federación es un referente internacional que gracias a su trabajo especializado y técnico promueve la gobernanza y el desarrollo democrático. La Constitución le faculta a presentar ante el Congreso tres informes de resultados al año, que son reflejo del minucioso y arduo trabajo que realiza el personal que labora en la institución.
Entre los beneficios que acarrea la fiscalización se encuentran promover una gestión gubernamental eficaz y eficiente, la mejora en la calidad en el ejercicio del gasto público, el rediseño de los programas públicos, de los proyectos de infraestructura y sobre todo la rendición de cuentas con el propósito de ampliar su entendimiento y comprensión en la opinión pública.
@ClauCorichi