A 37 días de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para revisar los perfiles de miles de candidatos a jueces, magistrados y ministros, para lo cual tendrán unos cuantos días, pues el 12 de mayo se cierra el plazo para recibir denuncias de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.

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Con el objetivo de detectar a candidatos o candidatas que pudieran estar coptados por el crimen organizado, condenados por delitos o incluso deudores alimentarios, se avaló un acuerdo para abrir un sitio para recibir denuncias.

Este procedimiento tiene el objetivo de constatar que las personas candidatas a cargos en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, no hayan incurrido en alguno de los supuestos considerados por la 8 de 8 contra la violencia, así como que no tengan suspendidos sus derechos políticos y electorales.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestara a favor de revisar los perfiles para garantizar que en estas elecciones no se filtre el crimen organizado, los consejeros electorales harán esta revisión, aunque la posibilidad de retirar candidaturas solo le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los supuestos que se tomarán en cuenta son tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, así como el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), en cualquiera de sus modalidades y tipos y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

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Además, por estar prófuga o prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

Asimismo, se integrará un grupo interdisciplinario que revisará la presentación de dos formatos por parte de las personas candidatas. El primero, una carta bajo protesta de decir verdad de que no se encuentran en los supuestos y, el segundo, el certificado de no ser persona deudora alimentaria.

A lo que se sumará información que la ciudadanía y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) remitan al INE sobre el posible incumplimiento del requisito constitucional de alguna persona candidata a juzgadora.

El INE también deberá hacer consultas a las autoridades correspondientes sobre posibles denuncias realizadas por la ciudadanía o alguna organización de la sociedad civil.

Plantea garantizar el derecho de audiencia para que las personas candidatas denunciadas puedan hacer valer lo que a su derecho convenga y al final del proceso se presentará un proyecto de acuerdo al consejo general sobre los posibles hallazgos de incumplimiento del requisito constitucional.